La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador presentó el miércoles 1 de junio una acción de protección con medidas cautelares a favor de los pueblos en aislamiento voluntario (PIAV) ante la Corte Constitucional. La medida fue presentada contra el Estado ecuatoriano y la empresa pública Petroecuador debido a que el Gobierno continúa con la explotación petrolera en el ITT.