Dos juntas: una monetaria y otra financiera se repartirán 55 funciones de la Super Junta, según proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización

El proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización que fue enviado con carácter de urgente a la Asamblea por el Ejecutivo elimina a la Junta de la Política de Regulación Monetaria y Financiera y la remplaza por dos juntas: una monetaria y otra financiera, que se reparten entre sí las 55 funciones que antes tenía la denominada Super Junta. Marcos López, delegado del presidente de la República, Lenín Moreno, a la actual Junta de la Política de Regulación y Control Monetaria y Financiera, explicó que para entender la necesidad de estos cambios es necesario conocer que antes del 2014 existían el directorio del BCE, la Junta Bancaria y el Consejo Nacional de Valores.Pero a partir de ese año, el Código Monetario unifica estos tres organismos colegiados en la Super Junta o Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Lo había hecho para armonizar lo que indicaba la Constitución en el sentido que el Ejecutivo dicta la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, mientras el BCE la instrumentará. Aclara que según el artículo 141 de la Constitución “la Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas”.Entonces para no caer en contradicción con la Constitución, la decisión salomónica –según López- fue desaparecer la Super Junta, y crear dos juntas que son parte del Ejecutivo. Los miembros de estas son designados por el Ejecutivo y nombrados por la Asamblea.La Junta de Política de Regulación Monetaria se encarga de todo lo que tiene que ver con la cantidad de liquidez en la economía; mientras la Junta de Política de Regulación Financiera se encarga del marco de prudencia financiera y crediticia en las instituciones para preservar la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los depositantes. De acuerdo con el proyecto de ley, ambas tienen cinco miembros: dos a tiempo completo y tres de tiempo parcial, cada uno con requisitos de alto nivel técnico. Si no cumplieran los requisitos, la Asamblea tiene la potestad de rechazarlos y el Ejecutivo deberá enviar otros nombres. El periodo es de cinco años, pero hay una transitoria, que escalona los plazos. Así, la primera vez que se forme una Junta tendrán plazos distintos de duración. En el caso de los miembros a tiempo completo, uno permanecerá los cinco años y el segundo solo tres. En cuanto a los de tiempo parcial serán nombrados para: el primero para 2, el segundo para 3 y un tercero para 5 años. De esta manera, los miembros de las Juntas tendrán siempre periodos escalonados.Los miembros de ambas juntas deben ser ecuatorianos, en pleno ejercicio de derechos, tener un título profesional de cuarto nivel en economía, finanzas, derecho, administración o auditoría. Además tener experiencia mínima de diez años en funciones de dirección o administración relevantes, en el ámbito monetario y financiero. Los designados no podrán haber sido parte de ningún partido o movimiento político en los últimos doce meses. No estar incursos en conflicto de intereses ni haber sido dueño de un porcentaje igual o mayor al 6% en el sector financiero, de seguros o mercado de valores.De haber en algún momento causales para la remoción deberán ser presentadas por el presidente de la República o por el 25% de firmas de la Asamblea. Para removerlos deberán contar con tres cuartas parte de la votación.De acuerdo con López, la idea es que los miembros de las juntas que tendrán un alto perfil profesional puedan tomar decisiones técnicas y sin presiones del Gobierno. Para López, la visión contraria que es permitir que el BCE dé prestamos al Estado, y que actúe como un banco comercial que pueda generar dinero, “es el camino más corto a la desdolarización”.Entre tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, dijo que espera que la Asamblea dé una respuesta favorable al proyecto de Ley. Ratificó que esta pretende que no se repita lo del pasado, es decir destinar a gasto del Gobierno de turno dineros que son administrados por el BCE (dineros de depositantes, de afiliados, de GAD) y que eso desaparezca. Dijo que se busca recuperar las Reservas perdidas y esto se logrará a través de un BCE independiente que permita un trabajo alejado de cualquier tema político.Entre tanto desde la Presidencia de la Asamblea se indicó que aún no hay una fecha para la reunión del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). En dicha reunión el CAL debe conocer la ley y luego nombrar a la Comisión que la tratará. (I)

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