Tras diez días de celebrada la mesa técnica entre delegados de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) y el Ejecutivo sobre la Ley de Defensa de la Dolarización, fuentes del Gobierno comentaron que se han alcanzado ciertos consensos sobre las observaciones de constitucionalidad. De esta manera, el Ejecutivo planifica reenviar, en los próximos días el proyecto de ley con carácter de urgente a la Asamblea Nacional.
Entre las principales discrepancias constitucionales se encontraba la relacionada con el artículo 303 de la Constitución que indica que la política monetaria, financiera, cambiaria será del Ejecutivo y aplicada por el Banco Central. Sin embargo, en la propuesta de ley se indicaba que sea el Banco el que emita estas normas monetarias. La forma de cómo se ha logrado solventar las diferencias, aún no es pública.
Entre tanto, desde el Ministerio de Economía se indicó que aún se siguen realizando una serie de ajustes y cambios, por lo que probablemente la próxima semana se enviaría el texto.
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En todo caso, al parecer el Ejecutivo espera completar al menos la tarea que está en sus manos que es presentar la ley. Esta cuerpo normativo es uno de los compromisos centrales del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, a fin de ordenar las finanzas públicas, impidiendo que el BCE financie con recursos que no le pertenecen al gobierno de turno. Esta práctica se dio en el Gobierno anterior y se generó un hueco o descalce de más de $ 6.500 millones en la entidad que custodia las reservas de varias entidades como bancos, IESS, GAD, entre otros.
Una vez que se presente el texto legislativo, será el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el organismo que acepte o no la ley. En caso de aceparla, se derivará a una comisión especializada en el tema económico.
De todas maneras, esta misma semana el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, había advertido que el Gobierno está buscando alternativas de financiamiento para el país en caso de que no se llegara a aprobar la ley, y por ende no llegaran los recursos del Fondo, que según el acuerdo actual ascienden a $ 1.500 millones en 2021. (I)
