El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, dijo que inteligencia militar ya se encuentra “analizando” para dar con los responsables de los incidentes que se dieron en el bloque 16.

La mañana del pasado 6 de abril, según las Fuerzas Armadas (FF. AA.), personal militar que vigilaba las inmediaciones del bloque 16 “fueron atacados violentamente con escopetas y lanzas por parte de miembros de la comunidad de Guaiyero”.

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Indicaron que “intentaron de manera ilegal tomarse dichas instalaciones, dejando como resultado dos miembros de FF. AA. con heridas de consideración...”, por lo accionaron dispositivos de disuasión (gases lacrimógenos) ante una incursión atribuida a miembros de la nacionalidad waorani.

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“Lamentablemente ya entró este conflicto social promovido por alguien, no sé por qué, ya la inteligencia militar está analizando para encontrar quién está atrás de este conflicto y por supuesto castigar a quien sea el responsable”, dijo el ministro este lunes, 10 de abril, durante una entrevista con el canal digital Visionarias, cuando fue consultado sobre cuándo se va a realizar la licitación del bloque 16, que antes era manejado por la empresa Petrolia y que ahora está en manos de Petroecuador.

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Previamente el funcionario comentó que “no podía hacerse una licitación si había un ambiente de conflicto con las comunidades”. “Al día siguiente que terminó el contrato, el 31 de diciembre (del 2022), las comunidades comenzaron a agitarse, entonces qué licitación puede hacer, usted tiene que entregar en forma pacífica y garantizar la seguridad de un bloque”. Por ello, para definir la fecha de licitación, se espera a que se calme la situación y se reparen los daños.

“Hay que decirle a la comunidad, ellos tienen derecho a la consulta previa, hay que decirles va a venir un nuevo contratista, vamos a hacer una licitación y ojalá se presenten nuevas compañías y gane la mejor, pero todo con calma, todo de acuerdo a las leyes. No podemos precipitar, estuvo 30 años en manos privadas, terminó, queremos que vuelva a manos privadas, pero a través de una licitación bien hecha; dos, tres semanas, un mes más no creo que altere, pero el principio es (que) este bloque volverá a manos privadas, a manos serias, a manos correctas, a manos técnicas, a manos de una compañía con solvencia financiera”, añadió.

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Los bloques 16 y 67 que estaban manejados durante 38 años por Repsol y luego por New Stratus (Petrolia) pasaron a manos estatales el 1 de enero de 2023, una vez que se terminó el contrato de concesión. Sin embargo, Petrolia había insistido en que se le ampliara el plazo de concesión, lo que no fue aceptado por el Ministerio de Energía.

Días antes de que Petroecuador iniciara con su administración, representantes waoranis iniciaron una medida de hecho.

El ministro en el diálogo dijo que tras la salida de Repsol llegó Petrolia, que hizo acuerdos con la comunidad “con el fin de quedarse” y cuando pasó el bloque a Petroecuador no podía cumplir. “No se le puede pagar sueldo a los dirigentes, porque no son funcionarios de Petroecuador... Un sueldo que querían que se les pague y les había ofrecido la compañía y Petroecuador no puede ofrecer, así es que este fue el detonante y obviamente hay reclamos acumulados de las comunidades amazónicas que han visto que el petróleo durante 50 años ha salido de sus entrañas y no les ha beneficiado”.

Según el funcionario, la estatal no puede realizar esos pagos. “Somos una empresa pública, la empresa privada puede pagar cualquier cantidad que desee. La empresa pública tiene reglas muy estrictas, de adónde van los fondos públicos”. E indicó: “Todos los compromisos que había tenido el contratista con las comunidades, Petroecuador los mantendría, sin embargo, esta ayuda financiera directa a la dirigencia de la comunidad no le era posible a Petroecuador”.

Por su parte, Petrolia rechazó todos los actos de violencia ocurridos en el bloque 16 y se solidarizó con los empleados de Petroecuador y con los miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban trabajando en dichas instalaciones.

Además rechazó cualquier insinuación de que la empresa esté detrás de los actos de protesta y violencia atribuidos a miembros de la comunidad waorani.

“Ante la gran necesidad de apoyo en la región amazónica, durante los últimos 30 años la operadora de los bloques 16 y 67, Repsol en su momento, hoy denominada Petrolia, mantuvo convenios muy serios de cooperación mutua con la nación Waorani. Estos convenios, renovados periódicamente, de apoyo en salud, educación, empleo, infraestructura y desarrollo comunitario, fueron instrumentados a través de sendos Programas Operativos Anuales, preparados, consensuados y supervisados por delegados de las partes que anualmente dejaron constancia de su conformidad respecto al cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos y debidamente ejecutados. Así es como siempre se mantuvo un ambiente de cooperación, paz y buena vecindad. Nunca hubo incidentes de este tipo durante las tres décadas de gestión privada”, refiere en un comunicado. (I)