Gobierno asegura que respetará la consulta popular sobre el Yasuní

El Gobierno salió al paso luego de las polémicas declaraciones del ministro de Energía, Fernando Santos, quien puso en duda la paralización de la extracción petrolera en el Yasuní, bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), debido a que en la provincia de Orellana, donde se encuentra el bloque, ganó el No en la consulta popular del 20 de agosto.

En un comunicado publicado la tarde del jueves 24 de agosto, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) aseguró que el Ejecutivo acatará la decisión mayoritaria de la población, que se pronunció a favor de mantener el crudo bajo tierra en el Yasuní.

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“El Gobierno nacional reafirma su compromiso de respetar la decisión democrática de los ecuatorianos manifestada en las urnas este 20 de agosto de 2023, respecto de dejar el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo”, dice el texto.

La Segcom señaló que el dictamen de la Corte Constitucional (CC), que dio luz verde a la realización de la consulta popular, dispone que, en caso de ganar el Sí, se realizará un “retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales”.

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En ese sentido, Carondelet anticipó que cumplirá la voluntad de las urnas una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialice y notifique los resultados de la consulta popular.

“El Ejecutivo siempre ha sido y será respetuoso con la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada mediante el poder de su voto”, finaliza el comunicado, en el que no se hace ninguna mención o referencia a las declaraciones del ministro de Energía.

De acuerdo con los resultados publicados en la página web del CNE, a escala nacional el Sí ganó con el 58,96 % (5′558.733 votos), mientras que el No alcanzó el 41,04 % (3′868.862 votos). En tanto que en la provincia de Orellana el No obtuvo el 57,99 % (59.364 votos) y el Sí consiguió el 42,01 % (43.013 votos).

El ministro Fernando Santos dijo a este Diario que le preocupaba un aspecto legal relacionado con la consulta previa, libre e informada a las comunidades y nacionalidades indígenas, ante los resultados alcanzados en Orellana, donde la postura fue continuar con la explotación de crudo.

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Santos basó su criterio en el artículo 57, numeral 7, de la Constitución, que dispone la consulta previa, libre e informada a las comunidades y nacionalidades indígenas sobre la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras.

Según el ministro, “quienes tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio”, dijo el miércoles a varios medios de comunicación.

Lo dicho por el titular del Ministerio de Energía indignó a la organización YASunidos, que promovió la consulta popular. El colectivo ambientalista demandó al Gobierno el cumplimiento obligatorio e inmediato del dictamen de la Corte Constitucional.

Además, YASunidos apuntó que “los efectos de la consulta popular tienen que ser aplicados desde la proclamación oficial de los resultados”. Y advirtió que, en caso de incumplimiento por parte del Gobierno de Guillermo Lasso, se solicitará a la Corte Constitucional la destitución de los funcionarios responsables. (I)