Fiscalía confirma que está abierta investigación previa en contra de 31 funcionarios relacionados con Sistema Sucre

La Fiscalía General del Estado confirmó a esta Diario que al momento está abierta una investigación previa (IP) sobre el caso del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). Esta investigación data del 2016, cuando la Contraloría General le había entregado a esa entidad un Informe de Responsabilidad Penal (IRP) que se desprende de un examen especial que hiciera ese organismo sobre las exportaciones a través del Sistema Sucre, registradas entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2013.

Dicho IRP, de cuya existencia se tuvo noticia recién esta semana por una revelación que hiciera el actual contralor Carlos Riofrío al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional Fernando Villavicencio, recomendaba a la Fiscalía investigar las implicaciones penales de 31 funcionarios del correísmo, pertenecientes a entidades como la Gerencia, Dirección Nacional Bancaria, Dirección de Servicios Internacionales y la Auditoría General del Banco Central del Ecuador (BCE), también de varias dependencias del Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae), la Dirección del Servicio de Rentas Internas (SRI) y otras dependencias intermedias.

Aunque normalmente estas investigaciones previas de la Fiscalía tienen un tiempo de vigencia de uno o dos años, dependiendo del delito, esta investigación aparentemente estuvo en una suerte de “congeladora” durante cinco años: sin un proceso ágil, pero sin que tampoco se haya procedido con el archivo.

De acuerdo con la Fiscalía, el IRP del 2016 llegó como un posible delito de defraudación tributaria y el agente fiscal a cargo dispuso la práctica de varias diligencias. La Fiscalía informó que “la investigación previa (IP) continúa abierta y en 2020 pasó a conocimiento de un nuevo agente fiscal, que continúa con la investigación”. Además aclaró que “como las investigaciones previas gozan de reserva de ley, es todo lo que se puede referir por el momento”.

El tema del Sucre ha tomado nuevamente vigencia luego que la Comisión de Fiscalización, presidida por Villavicencio, iniciara una investigación en la cual se ha concluido que presuntamente se habrían cometido delitos de peculado, lavado de activos y delincuencia organizada.

Entre los hallazgos del informe de Fiscalización que contiene más de 10.000 fojas y que fue entregado en estos días a la Fiscalía, a la Contraloría y al Banco Central, están el posible financiamiento de la campaña del expresidente Rafael Correa con dineros de las exportaciones ficticias, así como el presunto uso que se habría hecho de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) para anticipar pagos a exportadores ecuatorianos que hacían las operaciones ficticias. Adicionalmente, desde el Central se ha informado que hay recursos del Ecuador que no han sido devueltos por parte de Consejo Monetario del Sucre.

También se ha dejado establecido que los recursos que supuestamente llegaban al país por las exportaciones salían enseguida a paraísos fiscales, en beneficio de varias empresas y personas naturales presuntamente relacionadas con el lavado de activos.

De acuerdo con Villavicencio, con todos estos nuevos elementos, la Fiscalía tiene la oportunidad de retomar la investigación. Para el asambleísta, también debería investigarse el papel del exfiscal Galo Chiriboga en este caso.

Para Villavicencio, uno de los puntos clave de la investigación es justamente el uso de la reserva. En este sentido, comentó que la exgerente del Banco Central y actual superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, explicó en su comparecencia a la Asamblea que en 2013 la posición del Ecuador frente al Sucre era superavitaria. Y que en ese momento ella propuso llevar hasta el Consejo Monetario del Sucre la iniciativa de que las compensaciones que se hacían por las operaciones no esperaran seis meses como estaba establecido, sino que este proceso dure solamente dos meses “para que el Ecuador no deba esperar tanto tiempo para recuperar los recursos comprometidos”.

Finalmente, desde el Banco Central, su gerente Guillermo Avellán ha relatado que existen unos 2′309.736,5 que Ecuador aportó al Sucre desde la Cuenta Única del Tesoro que estarían en riesgo. Avellán reveló que en varias ocasiones han solicitado al Consejo del Sucre la devolución de los fondos, sin respuesta positiva.

Al momento no existe claridad sobre si Ecuador pudiera recibir de vuelta esos recursos en caso de que decida salir del Sucre, pues el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), banco administrador de los fondos, ha sido sancionado por organismos europeos que han ejecutado la incautación del dinero. (I)