El presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Cepeda, informó que entre septiembre de 2021, mes en el que inició funciones, y enero de 2022, la entidad ha presentado 12 denuncias por corrupción y otras 48 por anomalías en compras públicas.

Explicó que, anteriormente, muchos de los casos no trascendían después de poner la denuncia, que quedaban archivados y sin seguimiento. Ahora, asegura que se han retomado y que en los próximos meses se esperan resultados.

Los mayores problemas se concentran en los hospitales, por irregularidades en las adquisiciones, señaló. “Tenemos ciertos medicamentos que tienen tres precios, a pesar de que son de la misma casa (farmacéutica) y el mismo medicamento”, dijo, como ejemplo de lo que ocurre en las casas de salud.

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A su criterio, la génesis de esta situación está en la descentralización de las compras públicas y el “manejo discrecional” de los gerentes de los hospitales del IESS sobre los presupuestos.

A ello se suma, agregó, que en la administración central no ha habido análisis de la información ni un control adecuado para detectar inconsistencias en los egresos de los hospitales en compras de insumos, equipos y medicinas.

Un hecho reciente se produjo el 15 de febrero de este año, cuando en un allanamiento de la Policía y Fiscalía, en el hospital de Los Ceibos, fueron detenidas siete personas por una adquisición de insumos médicos en 2019 con un supuesto sobreprecio de $ 233.000, según un informe de la Contraloría.

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Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), coincidió con Cepeda en que el problema de la corrupción se arrastra por varios años. Que las detenciones de algunos implicados no han frenado la hemorragia de recursos y las transacciones ilegales.

La razón de aquello, anotó Rodas, es porque en el IESS se siguen adquiriendo productos, especialmente insumos, “a las mismas personas que han estado involucradas los últimos diez años en la venta con sobreprecios”.

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Eso pasa porque cuando las empresas involucradas son sancionadas, estas desaparecen, “pero el delincuente queda con la capacidad de seguir operando” a través de otras compañías, afirmó el coordinador e indicó que “cuando se prenden las alertas” en el IESS, los gestores de las ventas irregulares se trasladan a los hospitales del sistema de salud pública (que se manejan independientemente de la red del IESS).

Los convenios de pago también han sido usados con fines turbios. Estas herramientas, que sirven para agilizar recursos y cancelar de manera directa, deberían usarse de forma excepcional, en un momento de crisis, mencionó Rodas. Antes de la pandemia, la CNA encontró, por ejemplo, más de 200 convenios de pago entre los hospitales de Los Ceibos y Teodoro Maldonado. También hay anomalías en las subastas inversas, añadió el vocero.

La Comisión Anticorrupción plantea como soluciones para enfrentar la situación depurar al personal del Seguro Social, cambiar la legislación en materia de compras públicas, establecer un programa de protección al denunciante y sancionar a los dueños de las empresas que han delinquido.

Otro frente de corrupción que malversa el dinero de los afiliados y jubilados son las coimas que algunos prestadores médicos externos entregan a cambio de cobrar las facturas por los servicios que han prestado al IESS.

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Francisco Cepeda indicó que varios prestadores han reconocido su participación en estos actos de extorsión, pero no reveló de quiénes se trata.

“Algunos prestadores nos dicen que era la única forma para poder cobrar (sus facturas). Que ellos estaban a punto de quebrar y que preferían pagar estos porcentajes para tener liquidez”, relató el presidente del IESS.

Detrás de esto opera una red afincada dentro del Instituto, aseguró Cepeda, quien se ha planteado como meta erradicar estas prácticas. Sin embargo, se han presentado trabas para lograr ese objetivo.

El pasado 3 de febrero, la entidad anunció la detención de tres personas en Quito (un servidor actual, un exfuncionario y un ciudadano particular) que habrían sido encontrados en delito flagrante, al momento de cobrar una coima de un prestador externo. Los sospechosos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, pero fueron liberados tras la audiencia correspondiente.

Cepeda cuestionó al fiscal y al juez que atendieron el caso, ya que existen como evidencias audios y mensajes que demostrarían el ilícito. Ante lo sucedido, el Seguro Social presentó quejas a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura para que analicen la actuación de los funcionarios.

El IESS tiene contratos con más de 300 prestadores externos a escala nacional. Al año, en promedio, la entidad paga $ 800 millones por estos servicios y registra una deuda cercana a los $ 400 millones, por casos que datan desde el año 2010.

“Cada vez van subiendo más las derivaciones, lo cual no es lógico. Deberíamos hacer que nuestros hospitales funcionen mejor para que las derivaciones se estanquen o bajen”, dijo el titular de la entidad y anunció que en los próximos días se dará a conocer un nuevo mecanismo de pago a los prestadores, para evitar más irregularidades, que incluyen sospechas de peculado, cohecho, tráfico de influencias, extorsión y sobreprecios. (I)