Empresarios de Ecuador y Colombia piden suspender temporalmente tasa y arancel, mientras los Gobiernos llegan a acuerdos

Gremios empresariales de Ecuador y Colombia se unieron en un pronunciamiento conjunto para solicitar a los Gobiernos de ambos países que se ponga fin a los incrementos arancelarios.El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de Colombia señalaron este lunes, 2 de marzo, que los aranceles recíprocos del 30 % y 50 % están afectando a las cadenas productivas y exportadoras de los dos países.Indicaron que las pérdidas económicas son cuantiosas y varias empresas corren serios riesgos para sostenerse.El pronunciamiento se dio en momentos en que Ecuador aumentó del 30 % al 50 % la tarifa de la tasa de seguridad sobre bienes colombianos, y Colombia publicó el decreto borrador para subir su arancel de 30 % a 50 % y aumentar el número de productos ecuatorianos que lo pagan.La medida de Ecuador se argumenta por razones de seguridad y en respuesta a la medida de Colombia de imponer un arancel recíproco del 30 % y restringir el ingreso vía terrestre de varios productos ecuatorianos.Según la Cámara de Industrias y Producción (CIP), de Ecuador, alrededor de 2.000 empresas son perjudicadas por la situación actual, poniendo en riesgo alrededor de 200.000 empleos, señaló María Paz Jervis, presidenta ejecutiva del gremio.Además, expuso que por cada dólar de recaudación de la tasa de seguridad impuesta por Ecuador “se pierden 6 dólares de importaciones formales”.Expresó que el sector empresarial reconoce la preocupación del Gobierno ecuatoriano por combatir la inseguridad. Sin embargo, “la tasa de seguridad no es la vía más adecuada”, comentó Jervis.Por su parte, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), refirió que las importaciones desde Colombia han caído entorno al 70 %, en promedio, desde el 1 de febrero, golpeando a 7.600 importadores ecuatorianos, entre personas naturales y jurídicas.“Las importaciones de 250 subpartidas (arancelarias) han caído más del 90 %. En 365 subpartidas han caído más del 50 %. El impacto no es coyuntural, es estructural. Hay que ponerlo sobre la mesa para reconsiderar las medidas que se están implementando y lograr soluciones que protejan la seguridad y la economía”, mencionó.Desde el país del norte, se estima que aproximadamente más de 5.000 empresas, entre importadoras y exportadoras, son afectadas por la crisis comercial, indicó Bruce MacMaster, presidente de la ANDI.El dirigente colombiano dimensionó que el comercio bilateral entre los dos países guarda una mucha historia y es altamente relevante, considerando que alcanza aproximadamente los $ 3.000 millones al año. “Los gobiernos deben ser conscientes de que estamos jugando con mucha historia y con la prosperidad de familias y de trabajadores que se han preparado para ganar su espacio en el mercado”, dijo MacMaster.Mientras que la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) sugirió a los Gobiernos crear una agenda diplomática para resolver las diferencias. La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) anunció que el sector instalará una mesa de trabajo para plantear estrategias integrales al bloque de seguridad del Gobierno, poniendo a disposición de las autoridades “todas las herramientas posibles, como equipamiento y trazabilidad que permita tener mejores controles”, dijo Xavier Rosero, titular de Fedexpor.Según los cálculos del gremio exportador, con el arancel del 30 % a 23 productos ecuatorianos, las pérdidas se estiman en $ 25 millones mensuales. La cifra se incrementaría a $ 75 millones si Colombia pone en vigencia el aumento del arancel al 50 %, afectando “casi la totalidad de la oferta exportable de Ecuador”, lamentó Rosero.Los empresarios de los dos países repetían constantemente sus mensajes a los gobiernos para cesar las tensiones y llegar a una pronta solución. Sostienen que los conflictos son de índole político, no comercial, y que en ese plano deben resolverse.Del lado colombiano, el titular de la ANDI no descartó emprender acciones legales para dejar sin efecto las medidas arancelarias, si no hay consensos en el corto plazo.En cambio, los empresarios ecuatorianos no piensan activar mecanismos constitucionales para frenar la decisión de Carondelet.Al respecto, Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, dijo que ya existen demandas puestas por los gobiernos en la Comunidad Andina (CAN). “Ya no hay más que sumar, ya están puestas las demandas a nivel internacional. Lo que nosotros buscamos es el diálogo. No queremos ser un actor más atacando, queremos que se sienten a conversar. Esto se puede acabar mañana; es una decisión política”, enfatizó.Los gremios, en conjunto, advirtieron que la situación debilita y frena el comercio formal, pero beneficia al contrabando y comercio ilícito. (I)

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