El sector comercial se suma al pedido que realizó el sector exportador, a través de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), el 31 de julio pasado, sobre aumentar la deducibilidad de los gastos de seguridad. Cordex argumentó que los costos de seguridad de su sector ascendieron a $ 200 millones anuales.

Mientras, la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) expuso que para combatir la inseguridad el sector comercial aumentó de manera significativa el gasto que destina a la seguridad. Esto se reflejó en el cierre del 2022 cuando el monto que el sector le dedicó a los servicios de seguridad privada totalizó $ 742 millones, según el gremio, el monto más alto registrado para este rubro desde que hay información histórica.

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Asimismo el gremio proyecta que para el cierre del 2023 la cifra será de $ 816 millones, esto es, un incremento del 10 %. “En este sentido, es importante que el Gobierno tome medidas para aliviar los costos imprevistos que presionan la competitividad del sector comercial.

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El gremio citó el artículo 3 de la Constitución que establece como uno de los deberes primordiales del Estado garantizar el derecho a una cultura de paz y la seguridad integral. “El Estado nos ha fallado. Y aunque es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad, desde el sector privado se han emprendido múltiples gestiones para poder hacer frente a la inseguridad”, aseguró la Cámara.

Respecto al pedido de incrementar la deducibilidad de los gastos de seguridad, el gremio pide que el Gobierno duplique este valor, al argumentar que es un pequeño costo para el Estado pero un gran beneficio para el sector privado.

La solicitud se asemeja a lo pedido por Cordex. José Antonio Camposano, presidente del directorio de la Corporación, explicó que la propuesta se basa en la implementación de una doble deducibilidad para todos los gastos relacionados con la seguridad privada en el cálculo del impuesto a la renta (IR). Con esta medida, se lograría reducir la carga impositiva que actualmente recae sobre las empresas productoras y exportadoras, aliviando en cierta medida sus elevados costos operativos, según también argumentó Cordex a través de un comunicado.

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“Los gastos en seguridad privada se disparan ante la situación que vivimos. Lo justo es que se reconozca ese gasto, que nos resta competitividad, con la doble deducibilidad para el cálculo del IR”, agregó Camposano en redes sociales.

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“Para dimensionar, todas las ventas que generan los servicios de seguridad apenas representan el 0,01 % de la recaudación anual del Gobierno”, afirmó la Cámara, que indicó que hace meses, junto al Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), presentaron un proyecto que abordaba esta temática al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y al Ministerio de Gobierno, como parte del trabajo de la mesa de seguridad establecida por el Gobierno, pero lamentaron que no recibió la atención esperada. (I)