La fórmula inflexible y perjudicial utilizada en los contratos a largo plazo y firmada durante el gobierno de Rafael Correa con las empresas asiáticas para la venta de crudo Oriente y Napo, así como la actual cuadruplicación de los costos de transporte por las condiciones geopolíticas asociadas a la reactivación económica y la guerra de Rusia con Ucrania hacen que los diferenciales o castigos al precio de cada barril de crudo ecuatoriano se hayan endurecido de manera descontrolada.