Saldo en rojo para Ecuador por elevadas tarifas y millonarias deudas acumuladas dejan los contratos de servicios de Shushufindi, Libertador y Auca

Diez años después de que se firmaran contratos de servicios específicos con empresas privadas para los campos Shushufindi y Libertador (considerados las joyas de la corona, por su productividad y calidad de crudo) y ocho años tras la entrega del Campo Auca, a través de una poco ortodoxa figura (derecho intangible), hay un saldo en rojo para el país.Tarifas “groseramente sobrevaloradas” (entre $ 39 y $ 30 por barril) a pagar por parte del Estado a las empresas privadas encargadas del manejo de esos campos; una millonaria deuda por pagar tanto por los derechos contractuales “intangibles” del campo Auca también con tarifa inmanejable y una deuda acumulada por el carry foward que actualmente asciende a $ 1.047 millones, son parte del complejo panorama. Todo en medio del escándalo que se acaba de destapar con la publicación de varios videos en los cuales los entonces vicepresidente Jorge Glas y el director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH), José Luis Cortázar, comentaban la situación de dichos contratos y las dudas que tenía Cortázar sobre si estos le estaban generando perjuicios al Estado.El caso fue conocido por una publicación del portal periodístico Código Vidrio, y ha servido para el inicio de una investigación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pero además para que el presidente de dicho ente legislativo, Fernando Villavicencio, pida el inicio de una investigación en la Fiscalía General.Efectivamente, en 2012, el gobierno de Rafael Correa entregó a los consorcios Shushufindi (Schlumberger, Tecpetrol y KKR) y Pardalis (Tecpetrol, Canacol, Schlumberger y Sertecpet) la coadministración de esos campos, mediante la firma de contratos de Prestación de Servicios Específicos con Financiamiento, por una vigencia de quince años. Se acordó pagarles, por cada barril de crudo, una tarifa de $ 30,62 en Shushufindi, y $ 39,53 en Libertador. Sin embargo, olvidaron establecer una variación en el caso de que el crudo bajara de precio. Más bien colocaron una cláusula por la cual en caso de que el Estado no pudiera pagar dicha deuda, esta se acumulaba: la figura se denomina carry forward. Con la caída de los precios del crudo, en 2015, el tema se volvió insostenible, generando un gran dolor de cabeza al Estado. Actualmente el país tiene una deuda acumulada por este concepto que asciende a $ 1.047 millones, según las cifras del boletín de deuda publicado por el Ministerio de Finanzas. Adicionalmente, en diciembre del 2015 se celebró otro contrato con una filial de Schlumberger, la empresa Shaya (servicios específicos integrados con financiamiento). Esta vez, el turno fue para el campo Auca (también joya de la corona). En ese momento, y a pesar de todas las dudas que le había generado a Cortázar la experiencia con los campos Shushufindi y Libertador, como miembro de una Comisión Técnica de Petroamazonas termina recomendando la entrega del campo directamente a Shaya, es decir, sin concurso.De acuerdo con el asambleísta Villavicencio, en el caso de Auca el contrato de servicios integrados con financiamiento se transforma en un contrato que permite maquillar un crédito entregado desde la empresa petrolera Shaya (Schlumberger) a Petroecuador, bajo la figura de “derecho intangible”, por 20 años (2016 a 2035). Parte de este dinero ($ 650 millones) habría sido destinado a pagar los bonos global 2015 y el resto para pagar gasto corriente. La Ley de Hidrocarburos dice que la empresa petrolera solo puede transferir los excedentes de la operación. En este caso, la tarifa pactada fue de $ 24 entre 2016 y 2018; de $ 25,80 a partir del 2019 y $ 27,60 a partir del 2022. Sin embargo, adicionando otros valores, la renta para el Estado se volvía prácticamente nula durante los precios bajos del crudo.Pero, además, la Comisión de Fiscalización ha llegado a establecer que para la firma de los contratos de Shushufindi y Libertador, las autoridades ministeriales (Wilson Pástor) de ese momento ordenaron suspender las comisiones técnicas, económicas y legales que existían para colocar a dedo a otros negociadores (entre ellos Patricio Machado y Andrés Donoso) que terminaron siendo empleado de Schlumberger, el primero, y trabajando en el estudio jurídico de Schlumberger, el segundo. De acuerdo con la grabación divulgada, las principales dudas que se desprendían por parte de uno de los hombres fuertes del propio correísmo, José Luis Cortázar, tenían que ver con el cálculo de la curva base tanto de Shushufindi como de Libertador: “Nosotros hicimos este análisis dentro de la Arch, nos asaltaron varias dudas (…) yo primero le llamé a Andrés Donoso, le dije, oye, Andrés, estoy viendo este asunto, así que quiero saber si me puedes decir cómo hicieron la curva base’”. Según el audio, Donoso Fabara le dio largas y no le contestó. La respuesta de Glas ante lo que le contaba Cortázar fue: “Es riesgoso dar esa información, más allá de que quiero que lo hagas, pero no que quede por escrito”, al tiempo que le explica que, por haber sido tan “transparentes” en otras negociaciones, la Contraloría, con su propia información los estaba investigando, “con nuestros propios papeles nos mandan a la cárcel”. Cortázar le comenta que también le llamó la atención los costos de producción en el campo Shushufindi: “los costos de producción ahí, en el campo Shushufindi que son el doble que en cualquier otra parte del país” (...) “mejor dicho, cuesta 7 millones de dólares y perforar un pozo de las mismas características, mismo suelo, en cualquier otra parte del país cuesta 3 millones, cuesta la mitad”, dice Cortázar en la grabación.Aunque tras la publicación del video, Cortázar dijo que este fue mutilado y que si bien tuvo una cita con Glas para tratar sobre varios temas, nunca hubo órdenes para que ejecutara irregularidades.Previamente los profesionales de Petroecuador, y consultoras extranjeras como Beicip Franlab e Iris habían establecido que los costos operativos del campo Libertador eran de $ 12,58 por barril; del campo Auca-Sur: $ 7,48 por barril; campo Shushufindi-Aguarico, $ 6,16 por barril, es decir, muy por debajo de las tarifas pactadas.Para 2017, el exministro Carlos Pérez García lideró un proceso de renegociación de esas altas tarifas. Y logró que se bajaran de $ 39 a $ 25,5 en el caso de Libertador y de $ 30 a $ 19,5 en el caso de Shushufindi. Para Villavicencio esta es una muestra de que el Ecuador realmente estaba teniendo un perjuicio millonario antes de la renegociación y que las curvas base era falsas, “se estaban robando la plata”, dice.También considera que lo sucedido con estos dos contratos fueron unos globos de ensayo para aplicar el mismo modelo a los contratos de otros 17 campos que, a decir del asambleísta están plagados de ilicitudes y altos costos.Actualmente, los campos más productivos de Petroecuador son justamente los que se encuentran en manos de estos consorcios . Así, de acuerdo con las cifras de la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC) el campo Shushufindi Libertador está en una producción de 86.396 barriles diarios con corte al 27 de mayo. En 2012, ambos campos sumaban 72.797 barriles diarios. En cuanto a Auca, actualmente registra una producción de 74.272 barriles diarios. En este caso, la producción a febrero del 2016 se encontraba en 62.000 barriles diarios. Durante el gobierno de Correa hubo la intención de realizar una operación parecida con el Campo Sacha, uno de los más productivos campos que al momento sigue siendo manejado por Petroecuador. El caso de Sacha se conoció porque el propio expresidente Correa hizo públicos unos mails entre él mismo y Carlos Pareja Yannuzzelli, de julio del 2016, en el que le reclamaba porque no había dado paso al contrato con Halliburton para la entrega de Sacha “contábamos con esos $ 1.500 millones y ahora hay que empezar casi de cero, lo que es extremadamente grave”, le decía Correa.Villavicencio, además, solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría integral a los contratos petroleros y sus fases precontractuales y contractuales; asimismo, pidió a la Procuraduría General del Estado que, en uso de sus facultades legales, disponga a la Dirección Nacional de Control de Legalidad de Contratos de la Procuraduría General del Estado (DNCLC - PGE), “la inmediata intervención de control legal a los procedimientos y fases de la contratación pública, de tal manera que pueda contrastar los hechos y actuaciones administrativas efectuadas por las entidades contratantes. (I)

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