Un mes y diez días restan para que termine el plazo de dos años para culminar las negociaciones entre el Estado y las telefónicas privadas Claro y Movistar que brindan servicios de telefonía móvil a más de 17,7 millones de suscriptores y con una densidad de 97,3 líneas por cada 100 habitantes. El plazo se acorta en medio de la suspensión de las negociaciones por 120 días, decidida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), en medio de una campaña electoral y a puertas de que termine el Gobierno actual.