El debate sobre las opciones de focalización de los combustibles, que deberán tratarse en las mesas técnicas entre el Gobierno y el sector indígena, toma fuerza en estos días.

El viernes, el Gobierno, a través del ministro de Energía, Xavier Vera Grunauer, habló sobre que llevará a la mesa de diálogo una propuesta de realizar un plan piloto para la focalización a través de una tarjeta de cupo de combustible, con base en un estudio del Banco Mundial. Se aseguró que no funcionaría como una tarjeta de crédito o como compensación. Sin embargo, se aclaró que es una propuesta para la discusión y que se barajan otras opciones como la determinación de subsidios a través de la placa del vehículo.

Sobre el tema, Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Crudo (Camddepe), comentó que el momento actual debe ser tomado como una oportunidad para que se pueda ampliar la focalización que ya existe en el Ecuador. Explicó que para ciertos sectores, como el pesquero y el sector eléctrico, ya existe un subsidio del diésel y que es incluso diferenciado con respecto al del transporte público. Por lo tanto, la focalización no es nueva.

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Para Erazo, es una buena idea la de focalizar utilizando una tarjeta magnética, pero esta debe ser de débito y recargable mensualmente. Así, el beneficiario se puede acercar a la estación de servicios y adquirir el producto al precio normal, pero con esa compensación le baja el costo, es decir, recibe un subsidio focalizado. Lo que se debe hacer es definir el beneficiario, el producto, el monto, el precio y el tiempo de este subsidio, dijo.

Expresó que para las gasolineras no sería posible manejar un precio subsidiado y otro precio sin subsidio.

Erazo apoya la focalización, pues aseguró que el subsidio generalizado como el que existe hoy no cumplió su función que era la de redistribuir la riqueza, y más bien fue lo contrario.

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Entre tanto, Henry Llanes, experto petrolero, informó que a su parecer la propuesta del Gobierno basada en los estudios del Banco Mundial resulta rudimentaria y comentó que desde el sector indígena se está esbozando una propuesta, pero más integral, de lo que ha podido conocer. En primer lugar, dijo, se entendería que los precios actuales de las gasolinas extra, ecopaís ($ 2,40) y el diésel prémium ($ 1,75) se mantendrán al menos hasta finales del periodo del Gobierno.

Entre tanto, el segundo punto que es la propuesta de focalización en sí tendría dos elementos. El primero es que debería haber una focalización para las zonas andinas agrícolas, con un sistema parecido al que ya se usa en las zonas de pesca artesanal de la costa. Esto es que haya plantas de distribución controlando beneficiarios, volumen y precios. Esto atado a un estudio socioeconómico que se puede hacer a través de un censo para identificar diversas variables como analfabetismo, desnutrición, educación sexual, tratamiento amigable con el ambiente de las aguas de riego. Estas plantas se manejarían en cogestión y la propia comunidad se incorpora al cuidado y responsabilidad de la entrega a los beneficiarios.

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En cambio, para las ciudades y para el tema del transporte público, la propuesta que se plantearía es que a través de un sistema de inteligencia artificial adaptado a todo el sistema de comercialización, incluidas las gasolineras, se pueda identificar plenamente a los beneficiarios del producto, estableciendo el cupo y el precio. Para Llanes, esta propuesta apunta más que nada a combatir el contrabando por fronteras. Explicó que según cálculos previos, el contrabando de combustibles en el país podría haberle costado unos $ 800 millones anuales. Controlando este tema ya no habría dicha pérdida y esos dineros se podrían destinar a mejorar la situación de las comunidades.

Sobre este sistema de inteligencia artificial, Llanes indicó que las distribuidoras de combustibles no tendrían que hacer ninguna inversión, sino que sería a través de este sistema incorporado que funcionaría con precios diferenciados. Sin embargo, el gremio de los distribuidores ha ratificado que ellos no pueden manejar precios diferenciados y que su opción más bien es que se les entregue a los beneficiarios tarjetas con dinero, a modo de compensación.

Entre tanto, sobre la posibilidad de que este tipo de sistemas pudiera generar corrupción o un mercado negro de beneficiarios, Llanes dijo que el tema debe ser bien controlado y que deben participar activamente Petroecuador, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARC), la Agencia Nacional de Tránsito, para así evitar fugas.

Para Llanes, los precios actuales de los combustibles se deben mantener, y consideró que cuando la focalización esté lista los que no sean beneficiarios posiblemente deban consumir las gasolinas mejoradas: eco y extra de 89 octanos e incluso la súper plus de 95.

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Y comentó que de manera urgente se debe construir una nueva planta de refinación de petróleo que permita abastecer el mercado interno con productos nacionales y evitar la importación de los derivados de los hidrocarburos, la salida de divisas y la descapitalización del país. La construcción de esta nueva planta de refinación de petróleo debe realizarse a través de una empresa de economía mixta, tomando en cuenta lo que disponen los artículos 315 y 316 de la Constitución de la República. La contratista debe participar con el capital y la tecnología, la cual debe tener a su cargo la operación de las plantas de refinación del país. (I)