Consulta popular 2024: sectores anticipan posturas, aunque todavía no definen si harán campaña

Gremios de trabajadores y empresarios no han definido todavía si realizarán campaña en la consulta popular y referéndum 2024 del presidente Daniel Noboa, pero lo que sí tienen claro es la postura que tomarán en las preguntas relacionadas con los contratos por hora y plazo fijo, así como al arbitraje internacional.Las centrales sindicales cuestionan la implementación de los contratos por hora y plazo fijo, pues aseguran que se precarizará el trabajo, mientras que los empresarios apoyan que se busque reconocer el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.Para el 21 de abril está previsto que 13′654.291 ecuatorianos acudan a las urnas a votar, esto luego que el mandatario firmara los decretos ejecutivos 162 y 163, con los cuales dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a consulta y referéndum.Son once preguntas que se plantearán en la consulta popular y referéndum, y en esta última están cuatro, de las cuales dos son materia de análisis directamente en el ámbito económico:La Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) “todavía no ha tomado la decisión de ingresar a un proceso de campaña vinculada al sí o al no”. Sin embargo, “tenemos nuestra oposición frente a los contratos de plazo fijo y por horas”, dice su presidenta, Marcela Arellano.Y la han expresado tanto en el amicus curiae que enviaron a la Corte Constitucional (CC), en el cual indicaron que los contratos a plazo fijo y por horas “no generan empleo”, que las plazas de trabajo se generan fortaleciendo el aparato productivo y lo que hacen estas modalidades es “precarizar el trabajo”.Por su parte, el presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Mesías Tatamuez, señala que no se oponen a los cambios en las leyes, incluso han planteado que “haya un nuevo Código de Trabajo”, pero considera que se debe tener en cuenta que las leyes no son las que generan empleo sino una economía estable. “Ahora se dice que el trabajo por horas y las nuevas contrataciones son las que dan empleos, nosotros le decimos: ‘falso, es mentira’”.Tatamuez asegura que “nadie está en contra” de combatir la inseguridad, de la generación de empleo, por una mejor educación, pero que esta no es la vía.En el caso del contrato por horas -Arellano dice- que se fraccionará “el trabajo que ya existe y no se generarán nuevas fuentes de empleo” y que afectará sobre todo a las mujeres, puesto que “siempre están en la base de la pirámide laboral, ubicadas en los peores empleos y a este tipo de contratos precarios son los que más acceden las mujeres, entonces para nosotros es una gran preocupación el contrato por horas”.Y un escenario similar visualiza para los jóvenes, según la dirigente, son los que ingresarían a este nuevo sistema y plantea preguntas de ¿cuál será la aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)?, ¿cómo se va a garantizar que estos trabajadores tengan acceso a la seguridad, salud y cómo se va a constatar que los empleadores paguen el seguro? En ese sentido, apunta que “no hay una claridad sobre esto y también se verá afectada la seguridad social de estos trabajadores”.Tatamuez tiene una interrogante similar con respecto a cómo se va manejar el tema de la seguridad social para los trabajadores con los contratos por hora. “Dicen que van a afiliarse al seguro, que no se van a perder los derechos, nosotros preguntamos ¿cómo? Esa es la gran preocupación que debemos de tener, no solo los sindicatos sino la mayoría del pueblo, porque nosotros como Cedocut sí queremos que haya más afiliados a la seguridad social con su salario básico”.Arellano indica que la economía en general necesita “sujetos que puedan aportar a la economía, es decir, consumidores”, sin embargo, cree que las personas que estén en el contrato por horas y a plazo fijo “no podrán ser sujetos de crédito, por lo tanto habrá restricciones para el consumo, endeudamiento y para la planificación de la vida”, por lo que considera que “no solamente se vulnera a los derechos particulares individuales de los trabajadores y de sus familias sino que además tiene una afectación en la economía, entonces por ello obviamente nos posicionaremos en contra de esta pregunta”.También señala que los trabajadores por horas “no podrán alcanzar siquiera el salario básico unificado, que está por debajo de la canasta básica familiar” y que además perderán vacaciones, feriados, horas suplementarias. Asimismo, que el “Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad, no por la ministra porque ella tiene buena voluntad, pero el ministerio carece de la capacidad para asegurar que estos trabajadores tengan acceso a este tipo de costo por hora, porque ni siquiera ahora puede controlar a los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia”.Tatamuez considera que el presupuesto para la consulta popular y referéndum, los $ 60 millones según el CNE, debió destinarse a otros rubros que realmente se necesitan, como en la misma seguridad, producción, educación, salud, etc.Por otro lado, expertos en materia laboral resaltan que se incluya la pregunta en referencia al contrato por horas y a plazo fijo, siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores, puesto que Ecuador lleva “años de retraso respecto de las nuevas formas de contratación que hay en el mundo”.Para este viernes, 16 de febrero, a las 10:00, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) mantendrá una reunión y de acuerdo con Arellano, “probablemente allí se discutirán algunas ideas sobre la participación de las centrales sindicales en el proceso electoral en la consulta con la postura de no a la pregunta del contrato por horas y plazo fijo”. Mientras que la Ceosl prevé reunirse la próxima semana.En la pregunta para que el arbitraje internacional sea reconocido como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, el vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador (CEDE), Roberto Aspiazu, comenta que no se han “planteado todavía” la inscripción, pero tienen “una posición favorable para el esquema de tener arbitrajes internacionales para aumentar la inversión en el país”.Con este criterio coincide el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González, que asegura que en relación con esta pregunta están a favor del sí.La CEDE no se inscribió, pero estuvo activa en las redes sociales en la postura por el no en la consulta popular planteada para detener la extracción del petróleo en el bloque 43 ITT, que se realizó con las elecciones presidenciales anticipadas el 20 de agosto de 2023. El sí ganó con 5′541.585 votos (58,95 %), mientras que el no obtuvo 3′859.507 votos (41,05 %).De acuerdo con Aspiazu, en el país hay falta de inversión extranjera principalmente para impulsar los grandes megaproyectos de inversión pública con capital privado y para lograr ese objetivo es muy importante que estos inversionistas tengan esa garantía, “así que si eso se va a afianzar a través de una consulta popular, creo que eso es indicado” y cree “que es un paso un poco a la modernidad”.En ese sentido, indica que es importante afianzar el esquema, porque en el marco de acuerdos internacionales eso lo requiere. Además, comenta que ya de alguna manera el tema está siendo validado porque cuando la Corte Constitucional aprueba tratados internacionales, “en el marco del capítulo de solución de controversia incluye temas de arbitraje”.González agrega que en un mundo cada vez más interconectado, donde las relaciones comerciales trascienden fronteras y jurisdicciones, el arbitraje internacional es el mecanismo indispensable para garantizar la seguridad jurídica y promover la confianza en los negocios internacionales y agrega que “actualmente resulta poco atractivo que el Estado sea juez y parte ya que se genera un conflicto de intereses”.Aunque la pregunta resulte positiva para generar inversión extranjera, según los empresarios, expertos han indicado que el arbitraje internacional es un tema que podría tratarse en la Asamblea Nacional y no necesariamente a través de un referéndum, en el cual pudo haberse enfocado desde otro aspecto si se busca ofrecer mayor estabilidad a la inversión extranjera. (I)

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