El presidente de la República, Daniel Noboa, busca optimizar subsidios en las industrias y grandes empresas en medio de una crisis de liquidez que incluso lo ha llevado a realizar un pago de salarios del sector público por partes y con demora.
Sin embargo, no está claro cómo se podría realizar este proceso de optimización para el sector industrial. Hay varios subsidios, tanto en el tema de combustibles como eléctrico, que ya han sido eliminados: el diésel industrial no está subsidiado; las tarifas eléctricas nocturnas fueron retiradas en el anterior gobierno.
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Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), explica que supuestamente no existen subsidios para el sector industrial. No obstante, en la tabla de subsidios que maneja la estatal petrolera Petroecuador sí constan aún ciertos combustibles para la industria pesquera, camaronera, de aviación. En este sentido, dice Erazo, es necesario que se haga un análisis por producto y por segmento de consumo.
El mandatario habló esta misma semana, en una entrevista con Ecuavisa, de la posibilidad de focalizar subsidios para combustibles como las gasolinas extra y ecopaís a través de un sistema de bandas, pero también subsidios de grandes empresas e industrias.
Jorge Luis Hidalgo, experto en temas de energía y gerente de la empresa Green Power, opina que, en momentos en los que hay una crisis económica en la que ya se cuestiona si llegaremos a pagar a tiempo salarios para servidores públicos, con un déficit fiscal en el 2023 cercano a los $ 5.700 millones y con una enorme importación de combustibles, que en 2023 fue de $ 6.800 millones, es importante revisar los subsidios de energía (combustibles y electricidad) a las industrias.
De acuerdo con Hidalgo, en 2023 los subsidios de combustibles fueron cercanos a $ 4.000 millones, que es una cifra mayor al presupuesto de seguridad, salud o educación. Estos combustibles subsidiados se utilizan para contrabando y otras actividades ilícitas que ya son conocidas a nivel mundial, como en Galápagos, que hace poco fue portada de un prestigioso diario de Estados Unidos.
En este sentido, Hidalgo apoya la focalización de subsidios. Indica que en el campo industrial se podría revisar el subsidio eléctrico en la categoría alto voltaje 2 (AV2), que beneficia a las ocho más grandes empresas del país, entre ellas dos mineras, que pagan de 5 centavos hasta 8 centavos por kWh, en momentos en que hemos llegado a comprar hasta a 60 centavos el kWh a Colombia.
Estas empresas también tienen subsidio de alumbrado público, por lo que pagan menos del 1 % de su facturación, mientras que el ciudadano paga hasta 13 %. Además, se benefician de subsidios de diésel tanto en el consumo interno (escaso control) como en el transporte del mineral que va desde la mina hasta el puerto en círculos cerrados.
¿Cómo eliminar el subsidio de combustible a industrias?
Estas empresas subcontratan a transportistas, pero estos cobran su servicio con los costos que incluyen subsidios de diésel. Para Hidalgo, sería sencillo eliminar el subsidio de combustibles a industrias como la minera, con circuitos cerrados de logística (puntos A al B), ya que se puede calcular el consumo de galones de diésel por kilómetro recorrido y por tonelada entregada.
Asegura que a una sola gran empresa minera, entre subsidios de electricidad, alumbrado público y diésel, se le estarían entregando más de $ 57 millones, que representan tres veces más de lo que recibe el Estado en regalías. Al ser consultado si retirarle el subsidio solo a mineras sería un acto discriminatorio, dice que se debería hacer con todos los sectores, pero que se podría empezar por este.
Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, explica que las empresas aglutinadas en este gremio no utilizan combustibles subsidiados. La operación sí necesita combustibles fósiles para generación eléctrica, pero no es subsidiado, sino a precio industrial. También aclara que el transporte en general, como cualquier transporte, está subsidiado.
Sobre las tarifas eléctricas indica que sí tienen una tarifa industrial que es preferencial, pero que está dentro del promedio de la región. En todo caso, explica que ella no puede hablar por la pequeña minería ni otras empresas que no están agremiadas a la cámara.
Como industria minera consideran que hay que hacer una reestructura a la economía: “Si hay que hacer sacrificios, estamos de acuerdo”. A la par, dice que no se puede enfrentar al crimen organizado sin hacer cambios en la economía. Su sector está dispuesto a colaborar, pero también pide que haya un sacrificio por parte del Estado.
Silva también reflexiona en que en este momento es indispensable atraer inversión. En este sentido, no se debería ver a la industria minera como generadora de soluciones parche, sino que se la debería dejar avanzar para generar más inversiones, más regalías e impuestos. (I)