Para el próximo lunes, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, fue convocado por la Fiscalía para que a las 08:30 rinda su versión libre y sin juramento dentro de la indagación previa que se inició en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias en la distribución de las vacunas para COVID-19 en el país.
Esto por las denuncias de la organización Acción Jurídica Popular y por la asambleísta del correísmo Amapola Naranjo, y ante un pedido hecho por la Asamblea.
Diligencias por realizar
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La fiscal general Diana Salazar dispuso la práctica de varias diligencias, entre ellas las versiones de los denunciantes. También que la secretaría jurídica de la Presidencia de la República remita el nombramiento de Zevallos y que el Ministerio de Salud entregue el protocolo y plan que se estableció para determinar el orden y la forma para la vacunación.
Además, copia certificada de los contratos de adquisición de las vacunas o el detalle de las personas del centro geriátrico del Hospital de los Valles que han recibido la vacuna.
En ese centro, que es una residencia privada para adultos mayores, vive la madre de Zevallos; y allá fue, el pasado sábado, una brigada del hospital Pablo Arturo Suárez para inmunizar a 18 personas.
En un video, Zevallos justificó la vacunación.
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“Si alguien deseara que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirle que difiero...”, adujo.
Para Naranjo hay un manejo “desastroso y corrupto” del Gobierno frente la pandemia.
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“Se han desviado desde el hecho de la corrupción, del abuso de poder, para el palanqueo, para familiares y esto reconocido públicamente por el propio señor ministro”, dijo en su cuenta de Twitter.
La Asamblea había pedido a la Fiscalía la investigación de oficio de las denuncias fundamentadas en irregularidades en el manejo de medicamentos, vacunas y demás hechos relacionados.
Además, los asambleístas declararon como información pública y desclasificaron toda aquella relativa al manejo de la pandemia y la compra y manejo de las vacunas.
Esto porque Zevallos señaló que hay datos confidenciales.
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“Es muy importante que nosotros tengamos confidencialidad en el término de quién se vacunó, a qué hora se vacunó, cuál persona, todas esas cosas tienen que ser mantenidas de manera confidencial porque estamos administrando una vacuna; sin embargo, eso no quiere decir que haya nada secreto ni nada oculto, por eso es que este énfasis en que exista un registro único a nivel nacional de quién se vacunó, cómo se vacunó. Tiene además una connotación de logística, de cuántas vacunas podemos nosotros administrar, cuántas están pendientes”, dijo en la Comisión de la Salud de la Asamblea Nacional.
Santiago Machuca, del colectivo Acción Jurídica Popular, explicó que la indagación previa por el presunto delito denunciado puede durar de seis meses a un año.
“Quiénes se han vacunado hasta el momento, esa información es pública, queremos saber qué personas han accedido a bien público, recuerde que las vacunas son bienes públicos, bienes que fueron adquiridos con dineros públicos (...); si él no nos entrega esa información nosotros presentaremos las garantías jurisdiccionales en este caso para que se nos entregue la información”, sostuvo Machuca.
El jurista sostuvo que si no remite la información solicitará una acción de acceso a la información pública.
Este Diario pidió al Ministerio de Salud una reacción sobre el inicio de la investigación fiscal contra el funcionario. Se dijo que los pronunciamientos oficiales son informados por boletines o por ruedas de prensa, lo que hasta las 17:00 del viernes último no se produjo.
Organización pide también investigación
El Frente Popular, organización que agrupa a sectores de estudiantes, trabajadores, maestros, afiliados al seguro social campesino, presentó ayer una denuncia en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por la aplicación del plan de vacunación contra el coronavirus.
Para Andrés Quishpe, presidente del Frente Popular de Pichincha, habría "peculado". (I)
