El respaldo casi unánime al proyecto de Ley de Extinción de Dominio en el pleno de la Asamblea no elimina las dudas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que ahora está en manos del Ejecutivo para decidir si lo acepta o lo veta total o parcialmente, sin que se descarte que el Legislativo tenga que pedir un pronunciamiento posterior a la Corte Constitucional.