Aunque el empresario Carlos Miguel D. M. asegura que el operativo realizado en su contra para incautar armamento fue hecho por una "estructura estatal" para perseguirlo y montar evidencias ilegales a fin de atacar su reputación por la actividad económica que realiza y por ello planteó una denuncia. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, cree que la querella en su contra y otros policías es una forma de tratar de "amenazar o amedrentar" a la Policía nacional.