La fiscal general, Diana Salazar, reaccionó molesta ayer por la decisión de jueces de Guayaquil que otorgaron medidas sustitutivas en favor de la mayoría de los 17 detenidos en los 37 allanamientos efectuados el pasado miércoles en Quito y Guayaquil, como parte de investigaciones sobre supuestos hechos de corrupción en hospitales y gobiernos seccionales durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.