El escenario para una eventual censura y destitución del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, aún no es claro, porque se necesitan 91 votos para que un secretario de Estado pueda ser censurado por la Asamblea Nacional.

Hasta el martes a las 15:00 había cuatro solicitudes de juicio político en contra de este funcionario y se esperaba que al terminar la tarde los socialcristianos presenten un nuevo pedido.

En tanto que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo (Alianza PAIS), planeaba convocar mañana al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para conocer las solicitudes de juicio y, si cumplen con los requisitos, remitirlas a la Comisión de Fiscalización.

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Las acusaciones contra Martínez tienen similitudes entre unas y otras; la mayoría coincide en un supuesto incumplimiento de funciones al proceder al pago de deuda externa en medio de la emergencia sanitaria; recorte presupuestario en educación; mal manejo en cuanto a la asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y devolución del IVA.

Si el Gobierno logra sostener la misma mayoría que obtuvo cuando aprobó los dos proyectos urgentes relacionados con la Ley Humanitaria y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que superó los 72 votos, bloqueará la posibilidad de una censura.

Sin embargo, en tres de las cuatro solicitudes de juicio político contra Martínez constan firmas de una parte de los legisladores del bloque oficialista de Alianza PAIS, así como de CREO, del grupo de independientes y de las Bancadas de Integración Nacional (BIN) y de Acción Democrática Independiente (BADI), quienes dieron los votos de las leyes urgentes del Ejecutivo.

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Alianza PAIS aún no tiene una postura definida frente a las solicitudes de juicio político, apuntó la asambleísta Ana Belén Marín, pero dijo que no se debe demorar más para que el CAL conozca los pedidos y se pronuncie.

Del bloque de CREO, algunos legisladores suscriben el pedido. Luis Pachala y Homero Castanier coinciden en que el proceso tiene que darse y si en la etapa de prueba se demuestra que hubo incumplimiento de funciones, tendrá que ser censurado y destituido Martínez.

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Castanier comentó que en la causal sobre falta de pago a los jubilados se tendrá que pedir información actualizada, porque en una reunión que mantuvo en la comisión ocasional del tema de jubilados se evidenció que ese presupuesto no se ha tocado; por lo tanto, los $559 millones tendrían hasta diciembre para ejecutarlo.

A Jimmy Candell aún le queda la duda de si contará con el apoyo de Wilma Andrade (ID) y César Solórzano (PSP), como parte de la Bancada de Integración Nacional (BIN). Los dos legisladores fueron los únicos que no firmaron la solicitud del juicio que él presentó.

El PSC, según su coordinador Vicente Taiano, tendrá los 16 votos para la censura de Martínez; pero advirtió que cree que es complicado tener en el pleno los 91 para la censura, pues el primer filtro será la Comisión de Fiscalización, donde regularmente “han cerrado filas” para evitar que un proceso pase al pleno, dijo.

Según Taiano, habrá que esperar la postura de CREO y de algunos independientes porque, a su criterio, han sido colaboradores frontales con el Gobierno y que eso se ratificó en las votaciones de los dos proyectos urgentes.

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El correísta Juan Lloret consideró que los 83 votos a favor de su moción para que el pleno pida al presidente de la Asamblea que convoque al CAL para que conozca las solicitudes de juicio político sirve de termómetro para medir que en la Asamblea Nacional hay voluntad política para llevar a Martínez a la interpelación.

Que dependerá de la habilidad política de los acusadores en presentar pruebas para ganar más adhesiones a favor de la censura y destitución.