Si un ciudadano es sorprendido con un salvoconducto falsificado, podría recibir entre cinco y siete años de prisión por entregar información adulterada.
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Hasta 7 años de prisión por adulterar salvoconductos durante la crisis sanitaria
Falsificación y mal uso de salvoconducto son castigados por el artículo 328 del COIP, de 5 a 7 años de cárcel.
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