La Fiscalía tiene menos de 90 días para probar que en el caso por tráfico de influencias, que habría ocurrido en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), existió inobservancia a la normativa al no considerar el mejor costo para el Estado, no contar con los estudios de mercado respectivos y no verificar la capacidad legal de contratar por parte del posible adjudicatario, que había cambiado su actividad económica el mismo día que presentó su oferta.