Por “dominio de organización, en su calidad de funcionario público por tener y haber ejercido el poder absoluto y dominio sobre la estructura criminal”, así como por haber sido “beneficiario directo de los sobornos”, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó ayer al Tribunal de Juicio del caso Sobornos 2012-2016 que al expresidente Rafael Correa –a quien acusó como autor mediato del delito de cohecho– se le aplique la máxima pena aumentada en un tercio por la agravante de haber actuado en “pandilla”.