De más de veinte procesados del caso Emperador, que involucra al cura José Tuárez Zambrano, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), hasta el momento nueve han reconocido su participación en el delito de asociación ilícita, con el fin de ofertar tráfico de influencias para la venta de cargos públicos.
Todos han sido sentenciados a la pena de un año de prisión, luego de acogerse, en acuerdo con la Fiscalía, a un procedimiento abreviado.
Los últimos en ser condenados por la jueza Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, fueron David D. G., Marco V. S., Cristhian P. y Mario T. N., quienes también fueron sentenciados al pago de 1600 dólares.
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La audiencia de juzgamiento se realizó ayer, a las 11:30. César Suárez, de la Unidad de Administración Pública, es el fiscal del caso. A mediados de febrero pasado, el representante del Ministerio Público indicó que los cinco primeros sentenciados aceptaron los hechos, la materialidad, la responsabilidad y la pena, después de escuchar en audiencia los audios de llamadas telefónicas recopilados por la Fiscalía.
Mientras, José Tuárez insiste en su inocencia. “Estoy con la frente en alto, tengo mis manos limpias y tengo la esperanza de que la justicia primará...”, escribió en Twitter el expresidente del CPCCS el pasado 21 de febrero, cuando participó en una audiencia de escuchas de audios telefónicos.
Tuárez manifestó que luego de la diligencia supuestamente quedó demostrado “que no hay conexión entre mi persona y los demás procesados; si alguien se tomó mi nombre que las autoridades lo determinen y que el responsable pague por ello...”.
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El exconsejero permanece detenido desde fines de noviembre pasado en la Cárcel 4 de Quito.
Defensa
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Eduardo Mora, abogado de José Tuárez, señaló en Twitter que de los 32 procesados solo uno indicó en su versión que conoce a su defendido “por haber trabajado con él, los demás no lo conocen, tampoco han tenido conversaciones entre ellos...”. La defensa de Tuárez indicó que no hay razón para que siga preso y que las “supuestas pruebas en su contra se han ido desvaneciendo...”. (I)
