La Procuraduría General del Estado (PGE) busca la acción de repetición o el reintegro del pago hecho por el Estado en reconocimiento indemnizatorio por la vulneración de derechos en tres casos: la destitución de los 8 vocales del entonces Tribunal Constitucional; de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en 2004; y del pueblo indígena kichwa de Sarayaku.