La Fiscal Diana Salazar ubica a Rafael Correa en cima de ‘sobornos’

En calidad de autores y por el delito de cohecho la Fiscalía acusó el lunes a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas , a doce empresarios y otros exfuncionarios, dentro del caso Sobornos 2012-2016 . Solo dos de los 24 procesados: María Augusta Enríquez y Yamil Massuh fueron calificados de cómplices.La fiscal general, Diana Salazar, explicó que “un obstáculo legal” imposibilitaba continuar sustanciando la causa por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho, en concurso real de infracciones, por lo que Fiscalía continuará impulsando el proceso solo por cohecho, delito imprescriptible y puede ser juzgado en ausencia.Salazar tomó la decisión, dijo, en aplicación estricta del artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos recogido en los numerales 3 del artículo 76 de la Constitución y 1 del artículo 16 del Código Integral Penal (COIP), conocido como el principio de legalidad sustantivo.La Constitución en el numeral 3 del artículo 73 señala que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o ley.El cohecho está tipificado y sancionado en el artículo 286 del Código Penal vigente al momento de los hechos investigados y permanece descrita esa conducta ilícita en el 280 del COIP que prevé penas que van de uno a siete años de cárcel.Antes de fundamentar su dictamen, Salazar dijo que este no es un tema político, que lo que se ha podido verificar es que es un “entramado criminal”.Lo investigado está relacionado con entregar y recibir valores previamente acordados de empresarios a funcionarios. Las entregas eran reiterativas con la finalidad de asegurar y mantener la adjudicación de contratos con el Estado, mientras que los recursos eran usados por Alianza PAIS y para solventar gastos de la Presidencia, organización de convenciones, homenajes, fiestas, sabatinas...Poco antes del dictamen acusatorio de Fiscalía, la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia , declaraba válido todo lo actuado en la causa, pues para ella no existían vicios de procedibilidad, procedimiento, prejudicialidad y competencia que afecten el proceso. Por 24 días se mantuvo suspendida la reinstalación de esta audiencia.En la parte alta de “estructura delincuencial” investigada, la fiscal ubicó a Correa. Según Salazar, al expresidente se lo ubicaba con los alias de RC , RCD o A1 . “Él era quien estaba al mando jerárquico superior de toda esta estructura criminal, puesto que él conocía de la entrega de sobornos”, apuntó.Para Fiscalía, el expresidente dispuso que una persona de su confianza reciba los “sobornos” y él “supervisaba y aprobaba” la recepción y distribución de dineros provenientes de empresas que a su vez se beneficiaron con contratos de obra pública.La estructura investigada además habría estado conformada por varios funcionarios públicos designados estratégicamente y de forma circular en cargos públicos como ministros, secretarios o asambleístas. Los roles de cada uno de ellos, apuntó la fiscal, facilitaron la aceptación de “ofertas, promesas, dones o presentes”.Parte de estos funcionarios eran, dijo, el exministro coordinador de Sectores Estratégicos y exvicepresidente Jorge Glas, y el ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera.A decir de Fiscalía, Glas fue nombrado por Correa a cargo de sectores estratégicos que manejaban instituciones públicas relacionadas con este entramado criminal: Celec, Petroecuador, Senagua . En cambio, Mera, quien participó de la audiencia vía Skype desde su casa en Guayaquil, como secretario jurídico, de extrema confianza de Correa, asesoraba en la parte jurídica para el accionar de esta organización. Fiscalía indicó que pudo verificar que para el 2012 esta organización registró una recaudación a través del cruce de facturas de $2 716 000; para el 2013 el monto subió a $3 128 027. En el 2014 se ubicó en $5 105 653 y para el 2015 la recaudación fue de $5 652 119,87. Mientras tanto, en lo referente al efectivo recibido por la organización, la Fiscalía señala que la misma registró ingresos para el 2012 de $1 334 000; para el 2013 esos ingresos fueron de $3 766 392,39; para el 2014 hubo en efectivo $6 377 199 y para el 2016 habría existido un monto total de recaudación de $6 770 249. Las defensas de los procesados criticaron que Fiscalía no individualice los elementos de convicción con que cuenta para acusar a cada uno y en su lugar “incluya” a todos los acusados en lo que ha llamado Salazar elementos generales o comunes.“Ese hecho atenta contra la seguridad jurídica de los procesados”, dijo Jorge Ortega, abogado de Walter Solís.(I)

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