Vocal de Judicatura: Al final, jueces podrán pedir reconsideración de su nota, pero no habrá segunda oportunidad

Los magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), sometidos a evaluación, tendrán derecho a una reconsideración de su calificación, lo que no equivale ni les da la opción de una segunda oportunidad, sostiene Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) responsable de la evaluación de los 21 jueces y 15 conjueces del más alto tribunal. P: ¿Qué les responde usted a los jueces que cuestionan la evaluación porque, sostienen, viola la independencia judicial y viola normas constitucionales? R: De ninguna manera es una intromisión en la justicia. La muestra es que el proceso está respaldado en la Constitución y la ley y que los jueces concurren y se han acogido a la evaluación. La misma presidenta de la CNJ, María Paulina Aguirre, lo ha dicho Respeto el criterio, pero jamás una evaluación es una forma de interferencia. Antes ya se lo ha hecho; ahora nosotros hemos puesto algunos ingredientes que además de analizar el desempeño de los jueces hablan de transparencia y legitimidad. Eso tal vez no les ha gustado. ¿Por qué, entonces, tanto recelo en los jueces? Tal vez, por el momento que vivimos y que arrancó el 4 de febrero de 2018, cuando la ciudadanía mandó en la consulta popular que se constituya un nuevo Consejo de Participación, del que (los vocales de la Judicatura) nacimos. No sé si los jueces se sintieron en una posición incómoda cuando se les preguntó sobre su patrimonio o se les solicitó que levanten el sigilo bancario. Y, ojo, que esa información no es para que nosotros la utilicemos, sino que fue canalizada a los organismos que tienen competencia, como la Contraloría, Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué pasa con quienes no accedieron a presentar esa información? Este levantamiento de sigilo bancario era voluntario. Un juez y un conjuez no se acogieron. Es un tema más de tipo moral. ¿Eso no entra en los criterios de legitimidad y transparencia, que se contempla en una parte de la evaluación? Recordemos que el criterio de legitimidad y transparencia no está puntuado. Pero sí se dejará en el informe esta circunstancia como una observación, para que luego se activen los procedimientos que correspondan. Hay sectores políticos preocupados por la suerte que correrán jueces que llevan causas sensibles, como los de corrupción en las altas esferas de gobierno. También por aquellos que, señalan, ceden a presiones de todo tipo. La ciudadanía pudo ver cómo se desarrollaron las evaluaciones, a través de nuestro link en internet. No hubo persecución o algún direccionamiento. No. Todo fue transparente. Si es un proceso técnico, académico, no hay por qué tener miedo. Eso sí, lo que no permitirá la Judicatura es que haya actos de corrupción. De todos modos, está latente que varios jueces podrían ser removidos. Si no llegan a los 80 puntos que establece el reglamento serán removidos. Pero recordemos que la remoción no es una sanción. Solo si fueran destituidos se considera una sanción que les inhabilita de por vida. ¿Los removidos pueden aplicar luego para ser jueces otra vez? Así es. Porque es una remoción. Hay jueces que argumentan que desde que inició la evaluación se les han cambiado las reglas constantemente. Por ejemplo, que ya no recibirán sus evaluaciones parciales, sino una global, al final del proceso, cuando ya no les queda nada por hacer. No son cambios; esa palabra confunde mucho. Son precisiones en el reglamento. La primera fue por una recomendación de la veeduría ciudadana y del Comité de Expertos para incorporar el control social a través de la designación de profesionales en el Comité de Apoyo. La otra es que se aclare en qué casos habría conflicto de intereses. Eso es lo que se ha aclarado en el reglamento. Y el viernes se hizo una precisión, a pedido del Comité de Apoyo, sobre las actas de resultados que tenía que ser entregadas a los evaluados el sábado, domingo, lunes y martes (del 7 al 10 de septiembre, días de las exposiciones orales). Lo que hicimos es precisar que esa acta se refiere a determinar si asistió el evaluado, mas no a la calificación. ¿No debería llamarse más bien acta de asistencia? De resultados, porque el resultado puede ser que concurrió o no concurrió. Por ejemplo, tenemos un acta de resultados en el que consta que no concurrieron las doctoras Rosa Merchán y María del Carmen Espinoza, que perdieron esos 15 puntos. ¿Y qué instancias hay para los reclamos o apelaciones? Una vez que se cuente con el informe final, a fines de este mes o máximo inicios de octubre, los jueces podrán solicitar la reconsideración no solo de la calificación total, sino disgregar y señalar su desacuerdo con los 15 puntos de la evaluación oral o de otras fases... El secretario del Consejo notificará los resultados y el evaluado tiene tres días para solicitar una reconsideración de la calificación. ¿Se contempla una nueva evaluación, una segunda oportunidad? No. El Código Orgánico de la Función Judicial es claro y establece que los jueces y conjueces de la Corte Nacional no pertenecen a la carrera judicial y no se establece una segunda oportunidad. Esta cabe cuando hagamos la evaluación a los jueces de cortes provinciales y de primera instancia. ¿Cuál es la diferencia? Los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia tienen un contrato de plazo definido, fijo; en tanto que los provinciales y de primer nivel tienen un contrato indefinido, porque la ley precautela su carrera judicial. Por eso, cuando evaluemos a este segmento, a ellos sí se les otorgará la segunda oportunidad. ¿Cuándo se los evalúa a ellos? El ciudadano de a pie, el que no tiene casos en la Corte Nacional, se lamenta porque sus jueces no están siendo evaluados No hay un cronograma específico ni fecha para ello, pero podría ser a finales de este año o a inicios del 2020. Por ahora, nuestra prioridad es concluir este proceso. Hemos evaluado a 36 jueces, pero cuando decimos jueces provinciales hablamos de 600 o 700 y el resto (los de primera instancia) son más de mil. Es una estructura realmente grande la que se necesita, por lo que yo pediría paciencia. Una vez que concluya la fase de evaluación oral, ¿qué sigue? Tenemos que cerrar la fase de productividad, de cuánto ha despachado el juez, verificar las asistencias al trabajo, a las audiencias, a sesiones del pleno... ¿Cuándo concluye todo? Estimamos que para fin de mes habría un informe preliminar. Es decir, los resultados finales estarán listos la primera semana de octubre En los primeros días de octubre notificaremos a los jueces y ellos podrán pedir la reconsideración. Si no hay segunda oportunidad, ¿de qué sirve una reconsideración? Es importante porque se puede deslizar algún error en un puntaje. Y, en un Estado de derecho, los jueces pueden defenderse y presentar sus pedido de reconsideraciones. Algunos anuncian que recurrirán a instancias internacionales, que podrían demandar al Estado Tienen toda su libertad de activar los procedimientos legales y judiciales que correspondan. ¿Cómo se elegirán los reemplazos si hay jueces que no llegan al puntaje? El Código Orgánico de la Función Judicial indica que los conjueces reemplazan a los jueces. En caso de no tener el número adecuado, en mi criterio, debemos escoger a los mejores operadores de justicia y funcionarios de carrera que ya han pasado por un proceso de selección, con el fin de que puedan ocupar estos cargos temporalmente. ¿Y, de ser ese el caso, quién reemplazará a los conjueces? Hay una disposición en el Código que nos permite coordinar con la Corte Nacional de Justicia para establecer la verdadera necesidad de conjueces. (I)

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