La información encontrada en los dispositivos electrónicos personales de las investigadas en el caso Sobornos 2012-2016 Pamela Martínez y Laura Terán no solo indicaría la existencia de una “bien estructurada organización delictiva”, que exigía pagos a cambio de obras o la injerencia del gobierno de Rafael Correa en la justicia, sino también una serie de pedidos al expresidente, cuyo entorno se encargaba de gestionar.