Perú suspendió por tiempo indeterminado un proyecto de $ 1.400 millones, impulsado por la filial local de la mayor productora de cobre de México, que había provocado extendidas protestas de pobladores en un valle agrícola del sur.
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, informó a la televisora local N que la máxima autoridad administrativa en asuntos mineros decidió la suspensión “hasta que se resuelvan” los recursos de revisión presentados por los grupos de campesinos que protestan en el valle agrícola de Tambo en contra del proyecto. En los últimos días los manifestantes bloquearon un cercano puerto del Pacífico desde donde se exportan los minerales de otras minas.
Según Ismodes, se resolvió la suspensión porque “no se estaban generando los espacios de diálogo” que debían haber ocurrido luego que hace un mes el gobierno peruano le otorgó la licencia de construcción a la filial local del Grupo México, el mayor productor del metal rojo en ese país. Desde entonces los pobladores, que se oponen al proyecto minero llamado Tía María han protestado de forma creciente. Las manifestaciones no son nuevas, en 2015 dejaron cuatro muertos y 300 heridos.
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Los agricultores del valle de Tambo se oponen a la construcción de la mina porque consideran que la explotación a tajo abierto contaminará las aguas de un río con las que riegan sus cultivos. En 2015 las protestas provocaron el declive de la popularidad del entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016) y el proyecto también se paralizó tras meses de choques entre manifestantes y la policía.
Grupo México afirma que usarán agua de mar desalinizada y, para el transporte de sus suministros y producción de cobre, se construirá un ferrocarril industrial y una vía de acceso al proyecto “a distancia prudente del valle de Tambo”.
El gremio de las empresas mineras calificó a la decisión de “lamentable” e indicó que envía una pésima señal a los inversionistas locales y extranjeros. La minería constituye más del 60% del total de las exportaciones de Perú pero al mismo tiempo es la actividad que ha generado más conflictos socio-ambientales con las poblaciones locales, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo.
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El país, un importante exportador global de minerales, es el segundo productor mundial de cobre y el sexto de oro. (I)