Para gremios empresariales incumplir con la medida judicial de suspender la Consulta Popular sobre minería en Girón, Azuay, "violentaría el debido proceso" y atentaría contra los derechos de comunidades que se benefician de esa actividad.
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"La seguridad jurídica debe ser garantizada para propiciar la generación de nuevos negocios y el desarrollo de los existentes", señaló Patricio Alarcón, presidente del CEE.
Para gremios empresariales incumplir con la medida judicial de suspender la Consulta Popular sobre minería en Girón, Azuay, "violentaría el debido proceso" y atentaría contra los derechos de comunidades que se benefician de esa actividad.
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