La obligación legal de que para que la Fiscalía inicie investigaciones por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito es necesario tener un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) de la Contraloría, hace que el fiscal general Carlos Baca crea que por el momento no podrá cumplir con una parte de la disposición del Tribunal que emitió su sentencia, el miércoles último, en el caso por asociación ilícita Odebrecht.