Seis personas detenidas, entre ellas Jaime G., supuesto jefe de la red que se dedicaba a la defraudación tributaria mediante 64 empresas fantasmas, dejó este martes el operativo "Cabecilla", realizado en Guayaquil y Santa Elena. Once edificaciones, entre viviendas y oficinas, fueron allanadas en la operación conjunta de Fiscalía, Policía y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Leonardo Orlando, director del SRI, calificó a este caso como el más significativo de la historia del Ecuador en materia de defraudación tributaria. Según él, entre 2010 y 2016, existieron 2.130 millones de transacciones ficticias en 512 empresas instrumentales, la mayoría sociedades medianas y grandes y personas jurídicas.
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Estas 512 empresas fantasmas abarcarían a 15.719 clientes y habrían emitido facturas falsas por 2.100 millones de dólares. El perjuicio total que se habría causado al Estado, por Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Renta (IR), dijo Orlando, alcanzaría los $655 millones.
Paralelamente el SRI habría recuperado y regularizado a cerca de 8.800 contribuyentes, por un valor de $370 millones.
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Fiscalía sostiene que las 64 empresas fantasmas de propiedad de Jaime G. representan el 30 % de la trama general de estas 512 empresas.
Entre los detenidos existirían contadores y no se descarta la posibilidad de que con el avance de las investigaciones se pueda detener a empleados públicos que podrían haber ayudado a la organización. Computadoras personales, tarjetas de memoria, chequeras, documentación de índole tributaria y financiera serían parte de lo incautado en los allanamientos.
A decir de Orlando, es potestad del SRI recuperar los valores que corresponden al fisco por el perjuicio causado por la utilización de facturas falsas, empresas fantasmas, tanto en IVA como IR, perjuicio que, explicó, también trasciende a lo laboran porque afecta las utilidades de los trabajadores.
El fiscal general del Estado Carlos Baca señaló que este era un delito que se cometía a nivel nacional. También dijo que aunque por el momento se investiga una presunta defraudación tributaria, esto puede generar también indagaciones por delitos como crimen organizado, lavado de activos, entre otros. (I)