“Arreglamos dos años de trabajo comunitario y pagar $ 3.000 ($ 1.000 por cada uno de los muchachos)”, comentó ayer Jenny Oñate, madre de uno de los tres jóvenes que fueron filmados mientras buscaban dañar un fotorradar en la avenida Manuelita Sáenz, la madrugada del 17 de septiembre pasado.