Entre funcionarios judiciales, fiscalizadores y contratistas suman 83 las personas que la Contraloría General del Estado examinó en su auditoría a las contrataciones hechas por el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) y el Consejo de la Judicatura (CJ), desde julio del 2011 hasta marzo del 2013, etapa de la emergencia judicial.