La Ley de Víctimas, que establece la creación del Programa de Reparación para Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos entre 1984 y 2008, tiene imprecisiones y vacíos, según exmilitantes de la regional 2 de Alfaro Vive (AVC).
Ayer, 42 exmiembros de esa agrupación, que abarca las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Santa Elena, analizaron dicha normativa, que fue aprobada en segundo debate en la Asamblea Nacional, el pasado miércoles.
Manuel Pérez Moreno, vocero responsable de AVC, señaló ayer en Guayaquil que la Ley tiene “muchas imprecisiones”, al excluir varios casos que no fueron tomados en cuenta por la Comisión de la Verdad.
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Cita que solo en la regional 2 suman 42 los casos de torturas, secuestros y asesinatos que se registraron entre 1984 y 1988 y que no recibirían indemnizaciones, así como reparaciones por la vía judicial, rehabilitación física y psicológica.
Detalló, además, que se deben esclarecer los procesos judiciales para determinar más responsabilidades. “No solo se trata de unos cuantos militares y policías. Esta fue una política de Estado. No fueron hechos aislados. Esto hay que analizarlo en su contexto”, expresó.
El exmilitante Jorge Dumet, quien aseguró haber sido secuestrado y torturado en 1985, refirió que buscan que estos hechos no se vuelvan a repetir.
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Pero durante la discusión de la Ley en el Legislativo, asambleístas de oposición cuestionaron que no se haya incluido a las supuestas víctimas de AVC.
Sobre esto, Pérez Moreno señaló que están dispuestos a acudir a la justicia para esclarecer los casos que se les imputan. “Nosotros estamos prestos a someternos a tantos juicios sean necesarios para buscar la verdad”, comentó el exmilitante.
