Tonelada y media de explosivos siguen sobre la selva del territorio Sarayaku, en Pastaza, a nueve años de que la Corte IDH dispuso su retiro

Los explosivos colocados en una parte del territorio del pueblo kichwa de Sarayaku siguen allí como muestra del intento de exploración para la explotación petrolera del lugar.La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 27 de julio de 2012, hace 9 años, dispuso el retiro de este material, pero no ha ocurrido.La Corte CIDH condenó al Estado ecuatoriano por la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo kichwa de Sarayaku, al concesionar el bloque petrolero 23 que se interpone a su territorio, que se extiende en la parte oriental de la provincia de Pastaza.Una de las acciones de esta concesión fue la colocación por parte de la empresa petrolera Argentina CGC de 1.400 kilos de explosivos de alta peligrosidad sin haber consultado, ni informado, ni obtenido el pleno y libre consentimiento de los propietarios ancestrales del territorio , según los dirigentes del pueblo de Sarayaku.Entre las medidas reparatorias y de no repetición estaba el retiro de los explosivos colocados en el territorio Sarayaku por parte de la empresa CGC o su neutralización en los términos establecidos en la sentencia.Los explosivos están en unos 150 puntos distribuidos en alrededor de siete hectáreas del territorio del pueblo de Sarayaku. Es un área que está vedada para los miembros de esta comunidad indígena por el temor a que ocurra algo. Solía ser usada para transmitir el conocimiento ancestral y era zona de cacería y pesca.“Los expertos nos dijeron en su momento que esa cantidad de explosivos colocados en nuestro territorio pueden volar una ciudad del tamaño de París, ese fue el ejemplo. Y añadieron que nadie sabe hasta cuándo pueden estar activos, que por razones comerciales dicen que caducan en 10 o 15 años, pero en realidad no hay un estudio claro sobre si pueden seguir siendo un peligro”, afirma la dirigente Patricia Gualinga.La Corte Interamericana realizó una audiencia de supervisión en diciembre del 2016 , en la que evidenció el incumplimiento del retiro de los explosivos y de otras dos medidas reparatorias por parte del Estado ecuatoriano.Las otras dos son la efectiva realización de consultas a Sarayaku antes de efectuar nuevos proyectos petroleros en su territorio y la adopción de medidas legislativas y administrativas para poner plenamente en marcha y hacer efectivo el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas. Una opción es modificar el procedimiento actual, que a decir de los dirigentes impide el pleno y libre ejercicio de esta consulta.Pero más allá de los cambios en el mecanismo para proceder con la consulta antes de la explotación, el pueblo kichwa de Sarayaku realizó en el 2018 la declaración de su territorio como Kawsak Sacha o Selva Viviente, con el fin de destacar su carácter de ser vivo-consciente, sujeto de derecho y la necesidad de salvaguardar la integridad territorial, al amparo de los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador.Esto implica el rechazo de todo tipo de actividad extractiva en el ámbito petrolero, minero y de tala del bosque.Gualinga afirma que todo se ha cumplido de manera parcial y que el interés de explotar prosigue. ”En la sentencia se subió a estándares internacionales el tema del consentimiento cuando se trate de empresas o actividades que afecten los territorios de los pueblos indígenas, ese punto no se ha cumplido, y todavía hay tonelada y media de explosivos sin que el Estado haya mostrado interés de solucionar”.El pueblo de Sarayaku presentó el 13 de noviembre de 2019 una demanda en contra del Estado por incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH ante la Corte Constitucional (CC).El caso fue admitido, pero no hay una respuesta hasta el momento y la CC no ha determinado una audiencia al respecto.“Lo que más nos preocupa es que no se repita lo que ocurrió entre los años 2000 y 2002 y que cumplieran todo lo que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada, que es el pilar fundamental de lo que tiene que cumplir el Estado”, afirma Gualinga.Los gobiernos de turno han visto este derecho colectivo como una forma de socializar los proyectos de extracción de recursos naturales que tienen previsto realizar, agrega, sin la opción de que den el consentimiento vinculante para ejecutar o no la explotación, según los dirigentes.“En algún momento tendrán que cumplir. Tienen que ponerse de acuerdo con el pueblo de Sarayaku y buscar la forma de solucionar lo de los explosivos, pero no hay la voluntad política”, añade Gualinga.Esta sentencia crea jurisprudencia en todo el continente en que rige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como una hoja de ruta de actuar por parte de los Estados cuando tienen previsto realizar actividades extractivas en los territorios con propiedad ancestral.Los bloques petroleros 28 y 79 incluyen territorios indígenas en la provincia de Pastaza. Y el 10 ya está en operación con vista a ampliar su actividad con la apertura de un nuevo pozo. “La política extractiva del Ecuador es preocupante cuando en el mundo se habla de energías limpias y no es admisible que sigan creyendo que el petróleo es la solución”, sostiene Gualinga.Túpak Viteri, presidente del pueblo de Sarayaku, espera que el nuevo régimen resuelva el problema de los explosivos. “Queremos saber a qué se debe este incumplimiento, hay proyectos petroleros que en otros lugares hacen daño a los territorios indígenas con lo que se afecta esta sentencia que es vinculante”, afirma.La preocupación se centra en que la explotación del bloque 28 afecte los ríos principales de Pastaza como el Bobonaza y Curaray, señala. “Estos atraviesan los territorios de pueblos indígenas. Estamos atentos al discurso y al proyecto económico del actual Gobierno”.Viteri afirma que uno de las pilares de la conservación ha sido la no apertura de vías para acceder con autos al territorio del pueblo de Sarayaku. “Tendremos un diálogo abierto con el actual Gobierno para presentar nuestras propuestas que realmente garanticen y cumplan con los objetivos planteados en las cumbres internacionales”.Zonas inundables con pantanales, montañas, lagunas, están en las 133.000 hectáreas de propiedad colectiva del pueblo kichwa de Sarayaku.Hay áreas de cacería, de cultivos, de pesca y de asentamientos humanos. “El 99 % de nuestro territorio es selva primaria”, resalta Viteri.El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregó al Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku el premio ecuatorial 2021, en reconocimiento a la defensa de su territorio ancestral mediante el proyecto de Kawsak Sacha – Selva Viviente, una lucha que se mantiene durante los últimos cuarenta años, menciona Viteri.El pueblo kichwa de Sarayaku ha ganado batallas legales para proteger su territorio de 133.000 hectáreas en la selva amazónica de la perforación petrolera, la tala y la construcción de carreteras. Su declaración Kawsak Sacha (Bosque vivo) busca el reconocimiento de una nueva categoría de área protegida, que refleje la cosmovisión indígena y sus prácticas ancestrales. (I)

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