El turismo comienza a reactivarse en Galápagos, y yo me alisto para mi primer paseo a Las Grietas, con mi hermana. Debemos tomar un taxi acuático desde Puerto Ayora al muelle del hotel Finch, para caminar aproximadamente dos kilómetros hasta la entrada.

El sonido de cucuves y pinzones nos acompaña. Anhelo sumergirme en el agua cristalina que emana de una gran fisura entre las paredes de basalto del sur de la isla.

A la altura de la legendaria cueva de Gus Angermeyer soy interceptada por un par de individuos. Hablan a la vez y me acorralan. Que no puedo entrar, que necesito un guía, que son diez dólares. Mi hermana se asusta; ¿será que estamos violando alguna regla del Parque Nacional? Le insisto en que nos hallamos en un área en la categoría 3 en el sistema de zonificación y categorización del Plan de Manejo de Áreas Protegidas. Es un sitio de “uso público recreacional”, para “proveer de oportunidades de educación, esparcimiento y recreación a la población local”, hacinada en un pueblo con escaso acceso al mar.

Los reclamos continúan. Que no tengo uniforme de guía, y claro, yo les digo que voy a nadar. Pago igual, aunque mi hermana ya hubiera abonado su entrada al Parque Nacional, que permite estar hasta 60 días y en todas las zonas de visita. Los extranjeros cancelan 100 dólares, los ecuatorianos 6. Y, sin embargo, para un solo sitio hoy, me exigen diez dólares.

Solicito factura. Resulta que estoy remunerando a una agencia de viajes, y que se me va a asignar un guía. ¡Yo soy guía! ¿Un guía para nadar? Ni siquiera lo veo con traje de baño para indicarme que las lisas son lisas.

Llega un grupo de extranjeros. Cada uno desembolsa 10 dólares. En el Centro de Crianza de tortugas también les han pedido 10 por persona. Además de los $ 100 de entrada al Parque y los $ 20 por tarjeta de migración.

Alcanzo a escuchar que existe un documento: “Políticas de reserva y cancelación para los sitios de visita Las Grietas y Fausto Llerena / Ruta de la Tortuga”. Es una iniciativa de la Asociación de Guías y de la Asociación de Agencias de Viajes de Galápagos, que se quedaron sin ingresos en la época de pandemia. La Dirección del Parque Nacional y el Ministerio de Turismo avalaron su plan piloto. ¿Hasta cuando? ¿Por qué turistas y pobladores deben pagar por la “crisis”, que afecta a todos por igual?

Llega una familia de seis, de Ambato. Su aventura en Galápagos ha sido una odisea: las pruebas PCR, obtener un salvoconducto, que un tramitador les había cobrado 30 por persona, el pasaje, el costo del transporte Lobito, lo del Parque, lo de migración, impuestos de muelle, el taxi acuático, y ahora, inesperadamente, sesenta más. “Esto es una extorsión”, alcanza a decir el padre. “La pandemia ha afectado no solo al galapagueño. Hemos hecho un esfuerzo por viajar, y contribuimos a la economía local. Pero no somos una mina de oro. Logran espantar al visitante”.

Mi hermana me mira atónita. “Mejor regresemos, me siento incómoda”. La invito a tomar un Gatorade en el barcito de la entrada, porque esto es zona residencial también. ¿Qué pasó con los pocos sitios de esparcimiento para la población? Si se trata de regular números, entiendo que se asignen horarios. Pero ¿es ético exigir un pago improvisado en cada lugar? Dudo que sea la manera correcta de reactivar la economía local. (O)