La decisión de Shakira de no llegar a un acuerdo con el temido fisco español la pone frente a un juicio que tiene los días contados. Y en su intención de juzgar a la cantante por el delito de fraude fiscal de 14.5 millones de euros, hace que las autoridades del país ibérico hagan hasta lo imposible por obtener las pruebas que la lleven a la cárcel.