Rafael Correa quiere que CIDH no dé medidas cautelares

La principal petición que Ecuador planteará en la Convención Americana de Derechos Humanos será que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no tenga la potestad de dictar medidas cautelares, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así lo remarcó ayer el presidente Rafael Correa en su enlace sabatino, a propósito de la reunión que habrá mañana en Guayaquil, en torno a posibles reformas al Sistema Interamericana de Derechos Humanos.

Correa aseguró que la CIDH se está atribuyendo funciones que no le corresponden y volvió a criticar el hecho de que su sede esté en Washington, cuando Estados Unidos no firmó el Pacto de San José, que rige a los 23 estados suscriptores de la Convención Americana.

Ecuador apoyará la propuesta de Argentina para que la sede de la CIDH funcione allá, anunció el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, quien también intervino en la sabatina.

Correa explicó que dentro del Sistema Interamericano existen dos organismos: la Comisión, que es la encargada de promover y proteger los derechos humanos, y la Corte, que es la instancia judicial que tiene la capacidad de dictar sentencias y por ende las medidas cautelares.

Señaló que el Estado no busca eliminar las medidas cautelares, sino evitar que la CIDH las dicte porque hacerlo le corresponde a la Corte Interamericana. “Yo invito a todos los que dicen que queremos destruir a la CIDH que me digan en qué parte de la Convención (Americana) se da la atribución a la Comisión Interamericana para dictar medidas cautelares”.

En otro tema, el jefe de Estado volvió a mostrar los resultados de las elecciones del pasado 17 de febrero.

Sugirió a la Contraloría emitir una glosa al MPD-PK, PRE y Ruptura, que reciben dinero del Estado como otras agrupaciones políticas, porque el número de firmas que dieron para su inscripción no coincide con el de los votos que consiguieron.

Detalles: Veto a leyInquilinatoEl primer mandatario anunció ayer que vetará totalmente el proyecto que reforma la Ley de Inquilinato y que enviará una nueva propuesta.

Intervención municipalCriticó la posibilidad de que los municipios vigilen las garantías que deben pagar los arrendatarios.