Mantener 'penalizada' la injuria

En el programa de Creando Oportunidades (CREO) se plantea, como parte de las propuestas incluidas en el apartado ‘Ecuador en democracia’, “garantizar la libertad de prensa y pensamiento”, y “propiciar un diálogo intercultural permanente en un marco de tolerancia y respeto a la diversidad”.

Entre las estrategias que se trazan en este mismo capítulo está el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la administración pública.

Guillermo Lasso dice que el derecho a la libertad de expresión no debe tener limitaciones y que por ello cree que no debe existir una Ley de Comunicación ni un Consejo de Regulación, aunque esto fue aprobado en el referéndum del 7 de mayo del 2011.

“Desde el punto de vista formal, habrá que expedir una ley de un solo artículo que diga: no vamos a regular la libertad de expresión, porque en el Ecuador creemos que es un derecho humano y un valor esencial de la democracia”, indica Lasso.

El postulante dice, sin embargo, que la injuria no debe ser despenalizada y que el mantener o eliminar el desacato no es una prioridad en su programa.

“Que no se sienta nadie con la libertad de injuriar a ningún ecuatoriano y peor con el interés de conseguir unos votos; andar diciendo mentiras que en su conciencia rebotan y que seguramente a quien las pronuncia no lo dejan ni dormir”, comenta el aspirante.

Sobre las protestas señala que, en democracia, se debe “dar un cauce” para permitir que reclamen quienes no están de acuerdo con las decisiones del Gobierno, pero dentro del marco de la ley y el respeto.

Según plantea Lasso, en su gestión se fortalecerá el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mediante el respeto y respaldo de fallos.

También ofrece trasladar los medios incautados a “manos independientes”, en un proceso público. Afirma que espera que las universidades participen: “Sería una oportunidad para que los jóvenes puedan expresarse a través de esos medios”.

Ofrece plantear un proyecto de ley para que los llamados medios públicos pasen, en un porcentaje similar de acciones (33% para cada uno), al Gobierno, a la Asamblea y a la sociedad civil, representada en, por ejemplo, las universidades.