Las cifras económicas no apuntan mejoría en España. En noviembre, 2.500 personas al día perdieron su puesto de trabajo. Los desahucios alcanzaron la cifra récord de 57.410 en los seis primeros meses del año. Y habrá, sin duda, más recortes presupuestarios para conseguir reducir el déficit.

El escenario ha obligado a la embajadora de Ecuador en el país europeo, Aminta Buenaño, a concentrar buena parte de sus esfuerzos en la atención de las necesidades de los inmigrantes, uno de los colectivos más afectados en esta crisis. De ahí que el ejercicio de rendición de cuentas de su primer año de gestión al frente de la legación diplomática que ayer efectuó en la sede de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) arrojara datos que permiten atisbar el grado de vulnerabilidad de la colonia.

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Durante ocho meses, un equipo de ocho abogados de la cooperativa Kinema ha prestado asesoramiento jurídico gratuito en materia hipotecaria en cuatro consulados. Unas 5.500 familias afectadas por el impago de sus créditos se acercaron a las legaciones en Madrid, Murcia, Valencia y Barcelona en busca de orientación.

En lo que respecta al ámbito de salud, si bien antes del 1 de septiembre, fecha en que entró en vigor la medida gubernamental que dejó sin tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular en España, 484.000 ecuatorianos disponían del documento; entre 8.000 y 12.000 connacionales pudieran perderlo. Buenaño que calificó las medidas de austeridad y los recortes como un “golpe bajo” del Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que el problema se da por las situaciones de irregularidad sobrevenida. Es decir, personas que tras perder sus empleos no han podido renovar sus permisos de trabajo. 

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Ecuador, señaló, presentó un borrador para la firma de un convenio bilateral que garantice la asistencia recíproca. El Gobierno español analiza en estos días el contenido de la propuesta.

Más datos: 11.300 compatriotas obtuvieron su historial de aportaciones del IESS y 1.300 renovaron sus permisos de conducir ecuatorianos.

En 2013 se concretarán, según previsiones de la funcionaria, una serie de proyectos para fomentar el retorno de los ecuatorianos. En enero, aseveró, se iniciará el plan para el regreso de profesores como parte del magisterio fiscal. Los interesados deberán pasar varias pruebas y superar un concurso de méritos y oposición. Un proceso similar se llevará a cabo con profesionales sanitarios en el marco de la iniciativa ‘Ecuador Saludable, vuelvo por ti’. En esta misma línea, el Ministerio de Industria y Productividad pondrá en marcha un programa de capacitación y formalización de certificaciones y titulaciones de competencias laborales.

Buenaño también informó que 650 estudiantes becados por el Gobierno de Rafael Correa cursan estudios en universidad españolas. En este sentido, habló del interés por fomentar el intercambio de conocimientos entre los dos países. Ecuador quiere atraer “los mejores investigadores” y buscar una “relación más cercana entre la comunidad científica”.