El presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño y Alfredo Larrea Jijón, hermano de Arturo Larrea, secretario de ese organismo, cayeron en contradicción en cuanto a la supuesta deuda de $ 35 mil que consta en la declaración de bienes del titular del máximo organismo de justicia.
En una entrevista concedida a Teleamazonas en los primeros días de este mes, Alfredo Larrea confirmó la existencia de esa deuda, aunque dijo no acordarse el porqué la contrajo.
Publicidad
Visiblemente sorprendido, Larrea dijo que de lo poco que recuerda piensa que era una deuda por un patrocinio que hizo junto con Pazmiño.
No obstante, Pazmiño en radio Democracia explicó ayer que Larrea no es la misma persona que mantuvo una deuda con él, antes de posesionarse como juez del desaparecido Tribunal Constitucional.
Publicidad
“Alfredo Larrea no es (de apellido) Jijón, no es la persona a la que se han referido en todos los medios... eso lo estoy demostrando ante la Fiscalía, ante la Contraloría que revisa mi patrimonio y en mi rendición de cuentas”.
La supuesta deuda consta en su declaración jurada de bienes, dijo Pazmiño, quien prefirió mantener en reserva el segundo apellido del doctor Alfredo Larrea, quien tenía una deuda con él de $ 35 mil.
En esta ocasión, Pazmiño confirmó que Alfredo Larrea Jijón trabajó como su asesor por dos meses y se retiró una vez que ingresó su hermano Arturo como secretario de la CC. Ambos hermanos, afirmó Pazmiño, fueron recomendados por Stalin Raza, su exasesor.
Raza, quien ahora ocupa el puesto de primer secretario en la Embajada de Ecuador en Argentina, según el asambleísta de SP y denunciante de la supuesta venta de fallos en la CC, Galo Lara, mantiene hasta la actualidad un estudio jurídico en el edificio Monasterio Plaza junto con los hermanos Larrea.
En ese estudio, que se denomina Larrea-Raza y Asociados, agregó Lara, se tramitan todos los casos de la Corte Constitucional.
Antecedentes: Cheque
Denuncia
El asambleísta Galo Lara acusó a Alfredo Larrea Jijón de haber recibido un cheque de medio millón de dólares por parte de la Cervecería Nacional, para que se pagara a jueces de la Corte y se favorezca a esta empresa en un proceso laboral.
