Dos de los diez temas del referéndum y consulta popular planteados por el Ejecutivo concentran la preocupación de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), según el alegato jurídico que presentaron el pasado lunes ante la Corte Constitucional.
Se trata de la pregunta 3 del referéndum, que plantea prohibir que los dueños de los medios de comunicación de carácter nacional tengan negocios en otros sectores; y de la pregunta 4 de la consulta, que propone la creación de un Consejo de Regulación de los medios.
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El análisis de la Aedep señala que el texto de la primera “supone no solo la restricción sino la anulación de derechos fundamentales, tanto de las empresas privadas de comunicación como de sus directores y principales accionistas”.
Además es discriminatorio ya que la prohibición se ciñe a las “empresas privadas de comunicación de carácter nacional” cuando los supuestos “conflictos de intereses” también pueden darse en medios estatales.
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Según el gremio, como está formulada la pregunta 4 de la consulta, “se pretende obtener un pronunciamiento popular que constituya una carta abierta para promulgar una ley cuyo contenido ni siquiera se esboza en el cuestionario”, refiriéndose a la Ley de Comunicación.
La Aedep señala que el texto es inconstitucional pues la propia Carta Magna otorga a las personas el derecho a recibir, producir y difundir información sin censura previa.
Los argumentos de la Aedep coinciden con los de la ONG Fundamedios, que también presentó un alegato en la CC.
Su asesor jurídico, Juan Carlos Solines, ha dicho que la consulta “agendas ocultas”, refiriéndose a la intención presidencial de desmotivar a posibles interesados en comprar los medios incautados.
El gremio que aglutina a los radiodifusores, en cambio, se muestra dividido ante la consulta de Correa.
El pasado 31 de enero, los núcleos de Guayas, El Oro y Pichincha de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER) remitieron a la CC un estudio sobre la inconstitucionalidad de la consulta en el que señalaban que, de ser aprobada, la pregunta 3 afectaría los derechos de los radiodifusores al trabajo, al libre emprendimiento y la libertad de asociación.
El pasado viernes, no obstante, AER nacional envió una carta al mandatario en la que reconoce su facultad de convocar a consulta, pero no objeta el contenido de la pregunta 3.
Y se limita a decir que el gremio está preocupado por la frase empresas de comunicación privadas de carácter nacional” que consta en ella y pide que esta sea aclarada.