QUITO
.- El último borrador del articulado del proyecto de Ley de Comunicación pasó ayer primero por la revisión del movimiento oficialista PAIS, antes de ser analizado y votado por los integrantes de la Comisión Ocasional de Comunicación desde el próximo miércoles.

La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo (PAIS), justificó la entrega anticipada del documento a sus coidearios (lo hizo el pasado sábado) porque el bloque tenía previsto reunirse ayer desde las 15:00 para debatir el mismo.

Publicidad

Carrillo reconoció que el informe está listo, que el último borrador ya tiene todo el articulado y que el anterior, que lo entregó por pedido de Jimmy Pinoargote, del Movimiento Municipalista (MMIN), quien ha venido presentando textos alternativos a los del oficialismo con Concentración Nacional (CDN), Madera de Guerrero (MG) y Sociedad Patriótica (SP), solo era un borrador que se basaba en las discusiones internas de la Comisión de Comunicación.

Pinoargote rechazó la entrega anticipada del borrador del articulado a los asambleístas de PAIS, porque el organismo encargado de decidir sobre el proyecto en primera instancia es la Comisión.

Publicidad

"Eso no es lo lógico y normal de legislar, se supone que los once asambleístas de la Comisión de Comunicación somos los que debemos construir esa ley, es una mala interpretación de la mayoría que en su momento, como tiene el poder (...), genera ese tipo de acciones, pero no es ni lo lógico, ni lo prudente, ni lo sensato, ni lo razonable", señaló Pinoargote.

"Creo que los llamados a recibir ese informe primero somos los miembros de la Comisión, que somos los que tenemos que decidir qué es lo que se va a poner en el mismo", insistió el asambleísta.

El alcance de la cobertura de los medios visuales y audiovisuales, el financiamiento de los medios públicos con publicidad privada, la reversión de frecuencias basada en el informe de la Contraloría o de la Comisión que se creó para ese efecto y la integración del Consejo de Comunicación con delegados del Ejecutivo fueron algunos de los temas que contempla el informe y tenían previsto tratar.

Aunque a criterio del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la limitación de la cobertura para los medios de comunicación es un absurdo, para su coideario Ángel Vilema este tema junto con la renovación de las concesiones debería regularse en una nueva Ley de Telecomunicaciones, no obstante, en el nuevo borrador Betty Carrillo insiste en los dos asuntos.

El artículo 67, que se refiere a los "límites democráticos para impedir la concentración de medios" para medios privados y comunitarios, señala que cada concesionario podrá ser titular directa o indirectamente de un título habilitante por localidad geográfica provincial, pudiendo acceder hasta a cinco títulos en todo el país que cubran hasta un determinado porcentaje de la población nacional.

Más abajo, el mismo artículo indica que los títulos habilitantes para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico en radio y televisión se extinguen en el plazo de diez años a partir del otorgamiento de la concesión y podrán renovarse por única vez por el mismo plazo.

El documento presentado ayer al bloque de PAIS abre la posibilidad de que un ministerio (que no especifica cuál) sea el que formule las políticas públicas de comunicación, pero al mismo tiempo entre las atribuciones del Consejo está la de formular y ejecutar los planes y políticas públicas nacionales para promover y garantizar los derechos a la comunicación.

El borrador no incluye la disposición reformatoria al artículo 130 del Código Penal propuesta por el asambleísta Mauro Andino (PAIS), para que se suspendan o se clausuren medios de comunicación que sean acusados de cometer delitos que atenten en contra de la seguridad del Estado.

Luego de la reunión, Ángel Vilema (PAIS) declaró que prácticamente existe consenso para eliminar del proyecto de ley los temas relativos a la limitación de la cobertura de los medios visuales y audiovisuales y la renovación de las concesiones por única vez en 10 años.

Fuentes de la bancada oficialista indicaron que la tendencia en PAIS para la integración del Consejo de Comunicación es que sí tenga representantes del Ejecutivo, como plantea el documento borrador de Carrillo.

A la cita, que concluyó a las 18:30, asistieron cerca de 30 asambleístas gobiernistas de un total de 54, contó con la presencia del presidente Fernando Cordero. PAIS se volverá a reunir mañana para tomar resoluciones definitivas.

Censura
El documento establece la definición de "censura indirecta" a las acciones u omisiones gubernamentales que discriminen contra medios de comunicación, tales como: las preferencias o exclusiones en la contratación de propaganda y publicidad oficial, dificultades tributarias para el proceso comunicativo; y la definición de "censura previa" a cualquier acción u omisión deliberada de organismos, entidad, autoridad, servidor público u otra persona cualquiera tendiente a evitar, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos de comunicación.