BBCMUNDO.COM-AFP-AP
MANAGUA.- El conflicto político del presidente Daniel Ortega y el Congreso nicaragüense, que derivó esta semana en agresiones de grupos sandinistas a legisladores de oposición y a periodistas, ha paralizado a las instituciones del país y preocupa a Washington y a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La crisis se originó en enero pasado, cuando Ortega aprobó un decreto que prorroga el mandato de los jueces sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra, con los que mantiene la mayoría en la Corte Suprema, pese a que la facultad para ello correspondía a la Asamblea.
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Este decreto permite asimismo alargar los periodos de otros funcionarios a quienes se les venció o se les terminará próximamente el periodo para el que fueron electos, entre ellos a los miembros del Consejo Supremo Electoral, al Contralor General y al Procurador de Derechos Humanos.
El martes, partidarios de Ortega atacaron el hotel Holiday Inn, donde 48 diputados de la oposición -la mayoría- se reunieron al no poder sesionar en la Asamblea y aprobaron una resolución que anula el cuestionado decreto de Ortega. El gobierno sandinista no acepta como legal la reunión, objetó ayer el presidente de la Asamblea, el sandinista René Núñez.
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El miércoles, cuando los diputados intentaron sesionar en la Asamblea, cientos de sandinistas destruyeron sus vehículos y los agredieron al igual que a periodistas.
La violencia continuó el jueves y ayer.
Según Ortega, con la medida no está usurpando ninguna función, porque a los diputados "les corresponde elegir" y él no está eligiendo a nadie, "simplemente extendiendo el plazo" de las autoridades ya electas.
La aprobación del nombramiento de los jueces corresponde a la Asamblea Nacional, y por lo tanto requiere de los votos de la mayoría opositora.
Edmundo Jarquín, coordinador político del Movimiento Renovador Sandinista, calificó la acción como "golpe de Estado heterodoxo".
Los diputados reanudaron temporalmente las sesiones el jueves, en la Asamblea, escoltados por policías, mientras la turba oficialista lanzaba piedras y morteros contra el edificio y la sede del opositor Partido Liberal Constitucionalista.
Los grupos opositores y disidentes sandinistas sostienen que el Mandatario ha agudizado las tensiones para obligar a sus rivales a negociar bajo sus términos y alcanzar su objetivo de ser reelegido en el 2011, algo prohibido expresamente por la Constitución de Nicaragua, pero que fue aprobado recientemente por un polémico fallo de la Corte Suprema, dictado solo por los magistrados de la mayoría sandinista.
Se teme que Ortega siga el mismo cuestionado procedimiento para la integración del Consejo Supremo Electoral, que será decisivo para la batalla electoral de noviembre del 2011, pues en Nicaragua este no es un órgano completamente independiente de los partidos políticos en contienda, sino que se integra con representaciones partidarias, indica el periodista de la BBC Arturo Wallace.
"Ortega no abandona su sueño de reelegirse (...). Como no lograron reformar la Constitución no descarta disolver el Parlamento para llamar a una constituyente y buscar la reelección", estima el ex canciller Francisco Aguirre.
"Ha roto (Ortega) el orden constitucional porque quiere gobernar de hecho como lo ha estado haciendo a punta de 'decretazos' ilegales y de asalto a las instituciones", manifestó el ex presidente liberal Arnoldo Alemán (1997-2002).
EE.UU., OEA Y CHÁVEZ
EE.UU. y la OEA se mostraron preocupados por la violencia en Nicaragua, que según Washington "erosiona" el estado de derecho, mientras que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó al "imperio yanqui" de crear un "vacío de poder".
