Los casos

Son nueve los casos ligados al régimen.

Compra
ambulancias
A cargo de la Fiscalía General está el caso que
involucra a la ministra de Salud, Caroline Chang, en el supuesto delito
de malversación de fondos públicos (peculado) por la compra de 115
ambulancias para los hospitales del país. La misma acusación enfrentan
Teodoro Roldán, propietario de Euromedical, y los funcionarios del
Ministerio de Salud Arturo Bedoya y Ernesto Torres Terán. Así también,
los miembros del Comité de Emergencia: Roberto Muñoz, Susana Cordovilla,
Luis Paredes y Lino Sarmiento. La instrucción fiscal se amplió desde el
5 de abril por 30 días más, debido a que la Fiscalía vinculó al caso a
Nelly Mendoza, secretaria de ese Ministerio.

Aeropuerto
La Fiscalía de Pichincha
acusó a los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo (actual asambleísta
municipalista) y Andrés Vallejo, del delito de peculado atenuado. Luego
la Fiscalía General los acusó, junto al ex procurador síndico del
Municipio de Quito, Carlos Jaramillo, de entregar ilegalmente la
garantía del Cabildo a una empresa canadiense para la construcción del
aeropuerto en Tababela. No fue incluido el actual alcalde y miembro del
buró político de PAIS, Augusto Barrera, quien llegó a un acuerdo para
renegociar el contrato con los inversionistas. Moncayo se declaró
perseguido político del fiscal Washington Pesántez, y de presionar al
fiscal Marco Freiré.

Helicópteros
El
asambleísta Fausto Cobo (PSP) denunció en la Fiscalía que el ministro
de Defensa, Javier Ponce, cometió el delito de peculado atenuado en la
compra de siete helicópteros Dhruv. El caso involucra a Ponce en un
supuesto incumplimiento de los procedimientos contractuales y
precontractuales en el proceso de compra de los helicópteros que se
adquirieron para la FAE. Además de él, la demanda incluye al ex
comandante de la FAE Rodrigo Bohórquez y a los miembros del Comité de
Contrataciones, encabezado por el actual comandante de la FAE, Leonardo
Barreiro, y Alonso Espinoza, quien presidió la comisión de recepción de
los helicópteros.

Invermun
La
indagación se inició en la Fiscalía General en octubre del 2009, por
una presunta red de corrupción que autorizó el funcionamiento de salas
de juego administradas por la empresa Invermun. La denuncia la presentó
Fabricio Correa, hermano del Mandatario, quien hizo pública una
declaración juramentada del ex ejecutivo de Invermun Jaime Solórzano, en
la que señala que la firma entregó comisiones a varios funcionarios del
Gobierno, entre ellos, Vinicio Alvarado, secretario de la
Administración. Testificaron él y su hermano Fernando, secretario de
Comunicación, Pierina Correa, el periodista Douglas Argüello y el ex
intendente Ricardo Ron.

Relación
con FARC
En junio del 2008, la asambleísta María Augusta
Calle (PAIS) testificó ante la Fiscalía General para aclarar su supuesta
vinculación con la guerrilla de las FARC, según denunciaron las
autoridades de Colombia. La versión se registró dentro de la instrucción
que abrió el fallecido fiscal de Sucumbíos, Wilmer Gonzabay, por el
caso que investiga el ataque del Ejército colombiano a la base de las
FARC en Angostura, el 1 de marzo del 2008. Dentro de la causa también
comparecieron el ex ministro de Seguridad, Gustavo Larrea; su hermano,
el ex candidato presidencial de la Alianza Tercera República, Marcelo
Larrea; y el ex subsecretario de Gobierno, José Chauvin.

City Oriente Limited
En abril del
2008, la segunda sala penal de la anterior Corte Suprema de Justicia
vinculó al entonces ministro de Energía, Galo Chiriboga, en el juicio
por peculado que se sigue contra el también ex ministro, Iván Rodríguez,
y representantes de la compañía City Oriente Limited. El proceso se
inició en el 2007, pues la compañía no pagó el 50% de los ingresos
petroleros extra al Estado (cerca de $ 29 millones) por concepto de
ganancias extraordinarias, como establece la Ley 42. La vinculación fue
solicitada por el fiscal Washington Pesántez en base al testimonio de
Chiriboga, quien aseguró que los cobros le correspondían a Petroecuador y
al Ministerio de Economía.

Miguel
Carvajal
El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, fue
acusado del delito de injurias calumniosas por parte del ex
vicepresidente del Parlamento Andino, Fausto Lupera. El delito, según la
denuncia, se configuró cuando en una entrevista en los medios Carvajal
lo responsabilizó de participar en una conspiración contra el gobierno
de Rafael Correa, con la ayuda de indígenas y de organismos
internacionales. El caso se quedó en una diligencia previa, en la que
Lupera solicitó al fiscal Washington Pesántez pedir a los medios de
comunicación copia de las grabaciones de audio y video y de las notas de
prensa de las declaraciones públicas hechas por Carvajal, sobre el
envío de correos electrónicos con la presunta intención de
desestabilizar al régimen.

Projusticia
La
Fiscalía General abrió en marzo del 2009 una indagación contra el ex
ministro de Justicia y ahora de Gobierno, Gustavo Jalkh, por el presunto
mal manejo de $ 1,7 millones en la implementación de un plan
informático en la Función Judicial, cuando este ocupó la dirección
técnica de Projusticia.

La indagación previa incluye también al
ex ministro de Justicia y ex asesor jurídico de Projusticia, Néstor
Arbito.

Projusticia canalizaba recursos internacionales para
invertir en la reforma de la justicia. Ese organismo implementó en 1997
un programa informático en los juzgados corporativos de Quito, Guayaquil
y Cuenca, cuyos recursos, según la Fiscalía de la Nación, tuvo un
manejo irregular.

Denuncia
contra Fernando Alvarado
El asambleísta del Movimiento de
Concertación Nacional, César Montúfar, planteó una denuncia contra el
secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, a quien acusó a finales
del 2009 del delito de actos atentatorios a las garantías
constitucionales e impedir la libre expresión. Montúfar lo
responsabilizó de la campaña de publicidad que el Gobierno impulsó a
propósito de la Ley de Comunicación. Indica que Alvarado es responsable
de la producción y presentación de la pieza publicitaria donde una
serpiente parece salir del monitor de televisión, lo que, a decir de
Montúfar, incentiva la violencia y la intolerancia política. El
asambleísta pidió la prisión del funcionario por el tiempo que dispone
la Ley: tres a seis meses.