2 jueces estadounidenses se declararon culpables el jueves por haber aceptado más de 2,6 millones de dólares de un centro de detención privada en Pensilvania, a cambio de dictar sentencias largas a cientos de jóvenes y adolescentes.
Los jueces Mark Ciavarella y Michael Conahan de la Corte de Alegatos Comunes del condado Luzerne, Pensilvania, presentaron acuerdos en la corte federal de Scranton donde admitieron haber aceptado sobornos de PA Childcare y una compañía afiliada, Western PA Childcare, entre el 2003 y el 2006.
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"Su declaración de que he deshonrado mi judicatura es cierta", escribió Ciavarella en una carta a la corte. "Mis acciones han destruido todo lo que trabaje por cumplir y sólo puedo culparme a mí mismo", agregó.
Conahan, quien junto a Ciavarella podría pasar hasta siete años en prisión, no realizó ningún comentario sobre el caso.
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Cuando alguien es enviado a un centro de detención, la compañía que opera la instalación recibe dinero del condado para costear la encarcelación.
Por esto, mientras más niños eran enviados al centro de detención, PA Childcare y Western PA Childcare recibían más dinero del Gobierno, indicaron fiscales.
Los adolescentes que llegaban ante Ciavarella en la corte juvenil a menudo era enviados a centros de detención por acciones que usualmente habrían sido clasificadas como delitos menores, de acuerdo al Juvenile Law Center, un grupo de Filadelfia sin fines de lucro.
Un muchacho de 17 años recibió una condena de tres meses por haber acompañado a otro menor que fue atrapado robando en una tienda.
Otros recibieron sentencias similares por "agresión simple" como resultado de un riña en la escuela que normalmente habría recibido una advertencia, dijo una portavoz del Juvenile Law Center.
La Constitución garantiza el derecho a la representación legal en las cortes de Estados Unidos.
Pero muchos de los jóvenes que se presentaron frente a Ciavarella fueron juzgados sin un abogado, porque el servicio de libertad condicional les dijo que sus delitos menores no requerían la presencia de uno.
Marsha Levick, jefe del consejo del Juvenile Law Center, estima que de los 5.000 jóvenes que se presentaron ante Ciavarella entre el 2003 y el 2006, cerca de 1.000 ó 2.000 recibieron sentencias de detención excesivamente duras.
Levick dijo que el centro demandará a los jueces, PA Childcare y Western PA Childcare buscando una compensación financiera para sus víctimas.
"El hecho de que los jueces permitan que su codicia se imponga a los derechos de los acusados es sencillamente obsceno", expresó Levick.