Involucrados niegan que la alteración de las rúbricas detectadas sea una ilegalidad.
Los asambleístas que tenían asesores cuyas firmas no coinciden entre sí tienen diferentes respuestas a las irregularidades que se detectan en el Informe Técnico Pericial que Carlos Echeverría, abogado criminalístico, realizó al 21 de julio del 2008 y que es parte del examen especial de la Contraloría General del Estado sobre los “procesos de contratación y pago de honorarios y remuneraciones a los asesores y asistentes de la Asamblea Constituyente”.
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Ayer, Germánico Pinto (PAIS) admitió al igual que lo hizo el pasado martes Gilberto Guamangate (Pachakutik) que otra persona firmó en lugar de su asesora. “Es alguien que firmó por ella, porque ella no estaba en ese momento, eso es todo. Yo supe en el momento que Contraloría me informó, ella (...) inmediatamente presentó los descargos.
El asunto para mí está cerrado”, expresó él, al referirse a las firmas de su asesora Lucrecia Belén Cárdenas Landázuri.
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En la página 78 del Informe Técnico Pericial se indica que cuatro firmas de Cárdenas Landázuri “no guardan comunidad morfológica estructural”; sin embargo, al preguntarle a Pinto sobre si esto acarrea alguna ilegalidad, el asambleísta responde que “de ninguna manera”.
En cambio, Nécker Franco (PAIS) aclaró que Mauricio Zhungur Apolo nunca fue su asesor y tampoco lo conoce. En efecto, al revisar la lista cargada a la página web de la Asamblea, Apolo consta como asesor de Salomón Fadul Franco (PSC).
El asambleísta socialcristiano sostuvo que él llamó a Zhungur Apolo y este dijo que va a justificar sus actos. “Ellos son los que tienen que resolver ese tema porque yo no soy el que he firmado”, agregó Fadul.
María José Carrión (PAIS) aseguró que todas las firmas son de autoría de su asesor Óscar Bonilla y allí no hay ningún tipo de irregularidad, atribuye la diferencia en las firmas al cansancio. “Parece que él firmó cansado el informe”.
Según el Informe, una de las firmas de Bonilla no guarda comunidad morfológica con el resto.
Para la asambleísta oficialista de Pichincha, los datos obtenidos del informe pericial son “un intento maquiavélico de la derecha de destruir el proceso Constituyente”.
Cabe recordar que toda esta investigación surgió de una denuncia que César Rodríguez (PAIS) y Jorge Escala (MPD) hicieron en contra del asambleísta de oposición Fausto Lupera, de Sociedad Patriótica (SP).
A principios de junio pasado, Rodríguez acudió al Ministerio Público para pedir una investigación en contra de Lupera y su colaboradora Magali Vélez, porque supuestamente Vélez había cobrado 11.100 dólares sin haber asistido a laborar en la Asamblea, con una firma falsificada, porque ella se encontraba en los Estados Unidos.
En esa ocasión el asambleísta oficialista dijo denunciar un acto de corrupción que no se podía tolerar. Para ello mostró los documentos en los que se comparaban las firmas de Vélez.
Lupera informó ayer que nunca fue convocado por el Ministerio Público para declarar y agregó que la denuncia en su contra queda sin piso porque cinco días después de que se terminó la Asamblea, el 30 de julio, Ángel Torres, director de Recursos Humanos de la Asamblea, envió una misiva a Vélez pidiéndole que deposite los valores de las remuneraciones (...) que ascienden a 11.100 dólares, depositados en su cuenta personal, “por un error involuntario”; lo cual indicaría que el pago a Vélez se dio por un error de la Asamblea.
“Yo sabía que había más de cuarenta casos que tenían problemas de falsificación de títulos, gente que estaba recibiendo sueldos y no estaban ahí y eso puse en la carta al Contralor y por eso inició la investigación”, manifestó el asambleísta de oposición.
APUNTES: Contraloría
Firma
El convenio que impide la publicación de los resultados de la auditoría fue suscrito a pedido del ex presidente de ese ente, Alberto Acosta, según Carlos Pólit, Contralor.
Nueva auditoría
La Contraloría hará otra auditoría, pero Pólit no especificó la fecha.
