Paúl Rojas y Ricardo Rivera, superintendente e intendente de Telecomunicaciones; y Jorge Glas, presidente del Fondo de Solidaridad, tienen vínculos con empresas del sector estratégico que controlan.
Esta entidad es dueña de Andinatel y Pacifictel.A fines de enero del 2007, de acuerdo con fuentes del Gobierno, Glas sugirió al presidente Correa que la terna que iba a enviar al Congreso para superintendente esté encabezada por Paúl Rojas. Y así fue. El 1 de marzo, su recomendado ganó con 78 votos, principalmente, de Sociedad Patriótica, el PSC y el Prian. El segundo de la terna, Jaime Guerrero, es actualmente secretario nacional de Telecomunicaciones.Desde ese día, las autoridades de la Suptel han sido blanco de denuncias por posible conflicto de intereses. Primero por parte de Eduardo Delgado, ex sacerdote vinculado a sindicatos, y luego por Juan Carlos Solines, que fue presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el régimen de Alfredo Palacio. Los dos coinciden: las autoridades de la Suptel son juez y parte. Y los acusados: Rivera, Rojas y Glas.En su declaración patrimonial, Paúl Rojas puso su participación en la empresa Audio y Video Comunicaciones (Advicom), cuyo gerente –según la Superintendencia de Compañías– es Patricio Luna Espinel, primo de Renán Borbúa Espinel, que fue diputado y dirigente de Sociedad Patriótica, el partido del ex presidente Lucio Gutiérrez.Advicom consta en Contratanet (sistema que registra los contratos del sector público) como proveedor calificado y pendiente en la Universidad Técnica de Ambato, en la Autoridad Portuaria de Guayaquil, en el Banco Central, en la compañía de generación eléctrica Agoyán, en la Armada, en la Aviación Civil y en la Empresa Eléctrica Ambato.El contacto, según la ficha de Contratanet, es Paúl Rojas. En Advicom, sin embargo, los empleados dicen: “El ingeniero ya no trabaja aquí”.El caso de Ricardo Rivera es más complejo. Ya en el cargo de intendente general de Telecomunicaciones, en mayo del 2007, el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), mediante Resolución 3889, autorizó la instalación de una repetidora para TV Satelital (del sistema UHF y cuya única accionista es su hija Adriana Isabel), para cubrir el sur de Quito. Esa fue una de las 38 frecuencias de televisión que el Conartel entregó el año pasado.Antes de ser “el número dos” del organismo de control, entre el 2002 y el 2006, TV Satelital fue investigada por emitir señal sin autorización a los satélites de Intelsat y Satmex.En esos casos, Rivera –que ante la Suptel era el representante legal del canal– fue eximido de sanciones, pese a que hubo más de un informe ratificando las irregularidades.En el 2004, la Suptel lo sancionó con “diez salarios mínimos vitales” por contar con un transmisor, un estudio (donde se originaban los noticiarios en vivo) y una frecuencia sin las respectivas autorizaciones.En octubre del 2006, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) resolvió revertir la frecuencia que le había otorgado a Trasmidatos (una de las principales empresas del grupo Rivera) “por mora en el pago de las mensualidades”. Debía 1.110,2 dólares.Jorge Glas ha participado de cerca en los negocios de Rivera. Tres meses antes de asumir la presidencia del directorio del Fondo de Solidaridad, en octubre del 2007, todavía firmaba como gerente general de TV Satelital. Además, ha sido presidente de Trasmidatos y accionista de otras empresas de la familia Rivera. Desde febrero pasado, este Diario pidió entrevistas –vía telefónica y por escrito– a Rivera y Glas, pero se negaron a hacerlo. El superintendente Paúl Rojas no respondió.Elección
El 1 de marzo del 2007 el Congreso eligió a Paúl Rojas como superintendente de Telecomunicaciones. Varios diputados de ese entonces cuestionaron su relación con Advicom. Sin embargo, obtuvo 78 votos.Bienes
La declaración patrimonial de Ricardo Rivera Aráuz para asumir el cargo de asesor del superintendente no registra participación alguna en empresas dedicadas a las telecomunicaciones.","isAccessibleForFree":true}
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Paúl Rojas y Ricardo Rivera, superintendente e intendente de Telecomunicaciones; y Jorge Glas, presidente del Fondo de Solidaridad, tienen vínculos con empresas del sector estratégico que controlan.
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