En junio de 1997, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso se enfrentaron por la designación de los jueces. El entonces presidente de la CSJ, Carlos Solórzano Constantine, señalaba que el Parlamento no debía interferir en esa designación. Pero el magistrado Jorge Maldonado (cercano al PSC) se mostró partidario de que ese organismo nombrase a los jueces e, incluso, indicó que León Febres-Cordero “(...) no solo que manda en las Cortes, sino que es dueño del país”.